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En la actualidad, en el contexto peruano, nos enfrentamos a una preocupante realidad: el peligro del derecho a la protesta bajo el gobierno de Dina Boluarte. El simple acto de expresar disidencia se convierte en un acto de riesgo, sometido a la criminalización por parte de las fuerzas del orden. ¿Cómo hemos llegado a este punto crítico donde la protesta es vista como una actividad delictiva? ¿Cómo se puede hablar de democracia cuando el simple acto de levantar la voz en disidencia se convierte en un acto de riesgo? En el Perú, este derecho se encuentra en un delicado equilibrio entre la expresión ciudadana y la criminalización de este mismo, lo que llega a originar que se vulneren los derechos humanos en diversos aspectos.
En un país donde la voz del pueblo resuena con fuerza en las plazas, calles y redes sociales, la protesta se convierte en un vehículo poderoso para la rendición de cuentas y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos que les conciernen (Fernández, 2022). A través del cual la ciudadanía expresa sus inquietudes, reclama sus derechos y exige cambios significativos en la gestión gubernamental. Sin embargo, en el contexto del gobierno de Dina Boluarte en el Perú, la respuesta estatal a estas manifestaciones ciudadanas ha generado preocupación y críticas. Se ha observado un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que ha resultado en casos de violaciones de derechos humanos y represión injustificada contra los manifestantes (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2023). Estos incidentes han puesto en entredicho el compromiso del gobierno con el respeto a los derechos civiles y la aceptación y apertura hacia la disidencia.
A través de diversos casos concretos se evidencia el abuso por parte de las fuerzas del orden en el Perú durante el gobierno de Dina Boluarte. Un claro ejemplo es lo que ocurrió en Puno, donde la participación y la lucha constante de los hermanos quechuas y aymaras en la región contra el gobierno actual han desencadenado una serie de eventos violentos y trágicos (Calla, 2023). Las protestas comenzaron como respuesta a la declaración de inmovilización social obligatoria por parte del gobierno de Dina Boluarte, percibida como una represión a la libertad de expresión. No obstante, se fueron extendiendo en gran medida y se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
El 9 de enero, en Juliaca, la policía utilizó gas lacrimógeno y luego abrió fuego contra los manifestantes, resultando en la muerte de numerosas personas y dejando a muchas otras heridas de gravedad (Calla, 2023). Las transmisiones en vivo mostraron un rápido aumento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el uso de un helicóptero militar para disparar gas lacrimógeno desde el aire. Los médicos voluntarios lucharon por atender a los heridos, pero lamentablemente muchas víctimas no sobrevivieron. Se registraron al menos 18 víctimas civiles, la mayoría de ellas por heridas de bala causadas por las fuerzas de seguridad. De esta manera, se puede observar cómo en el contexto actual del Perú, el ejercicio del derecho a la protesta se ve amenazado por la respuesta desproporcionada y violenta de las fuerzas del orden bajo el gobierno de Dina Boluarte. Lo que debería ser un componente vital de una democracia vibrante, se ha convertido en un acto de riesgo para los ciudadanos que buscan expresar su disidencia y demandar cambios significativos en la gestión gubernamental.
Las protestas, inicialmente surgidas como respuesta legítima a medidas percibidas como represivas, se han visto empañadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Ejemplos como el trágico incidente en Puno, donde la represión policial resultó en numerosas muertes y heridas graves, ilustran claramente la situación preocupante en la que se encuentra el ejercicio del derecho a la protesta en el país. Este abuso de poder por parte de las fuerzas del orden no sólo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la integridad física y el derecho a la vida, sino que también socava los principios mismos de una democracia funcional. La criminalización de la protesta y la respuesta violenta del Estado hacia los manifestantes no son solo una amenaza para la libertad de expresión, sino que también reflejan una falta de respeto hacia la disidencia y un debilitamiento del Estado de Derecho.
En este contexto, es fundamental que se respeten y protejan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, incluido el derecho a la protesta pacífica. Asimismo, que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar que las fuerzas del orden actúen de manera proporcional y respeten los derechos humanos en todo momento. Siendo necesario que se lleven a cabo investigaciones imparciales y se apliquen medidas correctivas efectivas para prevenir futuros abusos y restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales. Para finalizar, la protección y promoción del derecho a la protesta son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia peruana. Solo mediante el respeto a los derechos civiles y la apertura hacia la participación ciudadana se puede construir una sociedad justa, inclusiva y democrática en la que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos y contribuir al desarrollo del país.
BIBLIOGRAFÍA:
Fernández, G. (2022). El derecho a la protesta social y la acción de las Naciones Unidas. Revista Deusto de Derechos Humanos ,(10),27-54.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2023). Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales.
Calla, H. (2023). Una herida que sigue sangrando protestas y masacre en la región de Puno 2022-2023”. Revista de Pensamiento Crítico Aymara, 5, 66-81.
Vista de “Una herida que sigue sangrando” Protestas y masacre en la región Puno de Puno 2022-2023 (pensamientocriticoaymara.com)
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