La inseguridad ciudadana y su vínculo con la crisis del Estado
- Anggie Alvarado
- 24 oct
- 5 Min. de lectura
La inseguridad ciudadana es hoy el síntoma más visible de un Estado debilitado y desbordado, incapaz de garantizar derechos básicos, administrar justicia y proteger a su población.
Introducción
El Perú atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de las últimas décadas. Cada día, las noticias sobre robos, asesinatos, extorsiones y secuestros se vuelven parte de una rutina que parece no tener fin. Sin embargo, reducir la inseguridad ciudadana a un problema policial sería un error. La inseguridad ciudadana es hoy el síntoma más visible de un Estado debilitado y desbordado, incapaz de garantizar derechos básicos, administrar justicia y proteger a su población. Las calles controladas por extorsionadores, los transportistas amenazados y la creciente desconfianza hacia la Policía son señales de una profunda crisis institucional. Este artículo analiza cómo la expansión del crimen organizado, la corrupción y la ineficiencia estatal se entrelazan para crear un entorno de miedo e impunidad que debilita la legitimidad del Estado y la democracia peruana.
El avance de la inseguridad ciudadana y la respuesta del Estado
En los últimos años, el crimen organizado se ha expandido en casi todas las regiones del país, infiltrándose en sectores como el transporte público, la minería ilegal y hasta la educación, en algunos casos mediante redes de corrupción que involucran a funcionarios y autoridades locales. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2019, las denuncias por extorsión por cada 100,000 habitantes se han incrementado en todas las regiones del país, multiplicándose por seis a escala nacional. Casos como el asesinato de más de 180 conductores por negarse a pagar cupos a mafias del transporte o el incremento exponencial de denuncias en La Libertad evidencian un Estado desbordado. Frente a ello, las respuestas han sido reactivas y descoordinadas: estados de emergencia sin planificación, operativos simbólicos y falta de estrategia integral. Esta ausencia de liderazgo y coordinación refleja la crisis estructural del Estado, que no logra garantizar seguridad, generando en la población una creciente desconfianza y sensación de abandono.
A este panorama se suma la actuación del Congreso de la República, que lejos de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el delito, ha aprobado normas que debilitan la persecución penal y favorecen la impunidad. Diversos organismos nacionales e internacionales han advertido sobre lo que denominan “leyes pro-crimen”. Según un informe de Human Rights Watch (2025), el Congreso peruano ha impulsado leyes que reducen las capacidades del Ministerio Público y limitan la colaboración eficaz, herramienta clave para investigar redes criminales y de corrupción. Aquello refleja que por un lado la inseguridad es consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan intereses particulares sobre el bienestar y la justicia social.
En los últimos años, el crimen organizado se ha expandido en casi todas las regiones del país, infiltrándose en sectores como el transporte público, la minería ilegal y hasta la educación
Percepción ciudadana y desconfianza institucional
La inseguridad ciudadana no solo afecta la economía o el orden público, sino también la legitimidad de las instituciones democráticas. De acuerdo con distintas encuestas, a nivel nacional, la percepción de inseguridad alcanza el 86,1%, mientras que el 71% de los peruanos confía poco o nada en la Policía Nacional del Perú (INEI, 2024). La poca credibilidad en la Policía y en el sistema de justicia alimenta el círculo de impunidad y miedo. Por un lado, la ciudadanía se siente vulnerable; por otro, las instituciones no logran regenerar autoridad moral. En la misma línea, otro estudio revela que el 64,3 % de los peruanos responsabiliza al gobierno actual por la inseguridad (CPI, 2024).
Este clima de miedo y abandono ha sido aprovechado por sectores políticos que promueven discursos de “mano dura” que prometen soluciones inmediatas, pero sin atacar las causas estructurales del problema. De acuerdo con el Instituto de Defensa Legal (IDL), estas políticas punitivas, como el incremento de penas o la militarización de zonas urbanas, no han reducido el crimen, sino que han incrementado la violencia institucional y el deterioro de los derechos ciudadanos. En consecuencia, la inseguridad deja de ser un fenómeno estrictamente criminal para transformarse en una amenaza a la estabilidad democrática.
La poca credibilidad en la Policía y en el sistema de justicia alimenta el círculo de impunidad y miedo. Por un lado, la ciudadanía se siente vulnerable; por otro, las instituciones no logran regenerar autoridad moral.
Corrupción, impunidad y debilidad estructural del Estado
Desde hace años, el Perú vive un deterioro institucional que ha reducido su capacidad para gobernar y mantener políticas de seguridad estables. La falta de coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sumada a la corrupción y la precariedad de recursos, evidencia un sistema colapsado. Los ministerios cambian constantemente, las estrategias no se mantienen y los altos niveles de poder también están afectados por intereses corruptos. Información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas revela que en el 2024 sólo dos regiones ejecutaron todo el presupuesto destinado a seguridad ciudadana, mientras que dos regiones no usaron nada de su presupuesto, lo que evidencia no solo falta de dinero, sino también debilidad institucional. Además, la Contraloría General de la República identificó a más del 50% de los gobiernos regionales con un riesgo alto y muy alto de corrupción.
La inseguridad ciudadana se alimenta directamente de esta corrupción y de la impunidad que impera en el país. Cuando policías colaboran con bandas criminales, jueces liberan delincuentes o autoridades locales protegen intereses ilegales, el Estado pierde toda autoridad moral. Todo esto crea un círculo sin salida, en donde el Estado no brinda seguridad, la gente se siente abandonada y los delincuentes se aprovechan de esa falta de control.
Los ministerios cambian constantemente, las estrategias no se mantienen y los altos niveles de poder también están afectados por intereses corruptos.
Inseguridad y Estado en ruinas: el reto de recuperar la confianza perdida
La inseguridad ciudadana en el Perú es el reflejo más evidente de un Estado debilitado, corrupto y desarticulado, que ha perdido capacidad para proteger y generar confianza. No se trata solo de enviar más policías o decretar emergencias, sino de reconstruir las instituciones, fortalecer la justicia, profesionalizar a la Policía y romper los lazos entre política y crimen organizado. Mientras la clase política priorice sus intereses y no el bienestar común, el país seguirá atrapado en un ciclo donde el Estado parece ausente y las mafias cada vez más presentes.
Bibliografía
Contraloría General de la República del Perú. (2025, 10 de mayo). Contraloría identifica a las 321 entidades públicas con mayores riesgos de corrupción e inconducta funcional a nivel nacional. https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/988243-contraloria-identifica-a-las-321-entidades-publicas-con-mayores-riesgos-de-corrupcion-e-inconducta-funcional-a-nivel-nacional
El País. (2025, 8 de octubre). Las mafias han asesinado este año a 180 conductores de autobuses que se negaron a pagar la extorsión en Perú. https://elpais.com/america/2025-10-08/las-mafias-han-asesinado-este-ano-a-180-conductores-de-autobuses-que-se-negaron-a-pagar-la-extorsion-en-peru.html
Human Rights Watch. (2025, 8 de julio). Legislar para la impunidad: cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado. https://www.hrw.org/es/report/2025/07/08/legislar-para-la-impunidad/como-el-congreso-del-peru-permite-el-avance-del-crimen
Infobae. (2024, 18 de diciembre). Dos regiones ejecutaron el 0% de su presupuesto para seguridad ciudadana en 2024. https://www.infobae.com/peru/2024/12/18/dos-regiones-ejecutaron-el-0-de-su-presupuesto-para-seguridad-ciudadana-en-2024
Infobae. (2025, 8 de marzo). La Libertad: denuncias por extorsión se cuadruplicaron entre 2019 y 2024. https://www.infobae.com/peru/2025/03/08/la-libertad-denuncias-por-extorsion-se-cuadruplicaron-entre-2019-y-2024
Instituto Peruano de Economía. (2025, 10 de febrero). Extorsiones se multiplican por 6 y presupuesto para seguridad cae en 18%. IPE. https://ipe.org.pe/extorsiones-se-multiplican-por-6-y-presupuesto-para-seguridad-cae-en-18/
Radio Programas del Perú (RPP). (2024, 15 de junio). Percepción de inseguridad ciudadana repunta al 86.1% en primer semestre de 2024, según informe del INEI. https://rpp.pe/lima/seguridad/percepcion-de-inseguridad-ciudadana-repunta-al-861-en-primer-semestre-de-2024-segun-informe-del-inei-noticia-1579133
Radio Programas del Perú (RPP). (2025, 15 de julio). El 64.3% de peruanos considera que el Gobierno es responsable del alto nivel delincuencial, según encuesta CPI. https://rpp.pe/politica/gobierno/dina-boluarte-encuesta-cpi-el-643-de-peruanos-considera-que-el-gobierno-es-responsable-del-alto-nivel-delincuencial-noticia-1636934
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