¿Pero ella qué hizo?: Un análisis al historial de Keiko Fujimori

Angela Fernández
29 may
7 min de lectura

"Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante"

George Orwell

A medida que se aproxima la definición de la segunda vuelta electoral de este 2026, el escenario político peruano vuelve a ingresar a su fase más polarizada. Es precisamente en esta época cuando empiezan a proliferar con mayor fuerza ciertos argumentos diseñados para blindar o relativizar las graves acusaciones que pesan sobre liderazgos específicos.

Uno de los estribillos más recurrentes en el entorno de la campaña, cada vez que se pone sobre la mesa el nombre de la lideresa de Fuerza Popular, es la aparente e inocente pregunta:

¿Pero ella qué hizo?

Esta interrogante funciona muchas veces como una suerte de borrador histórico que pretende encapsular las controversias en el pasado o reducirlas a una supuesta persecución política ensañada.

El propósito fundamental de este artículo es activar la memoria colectiva y promover el ejercicio de un pensamiento crítico riguroso antes de que la ciudadanía acuda a las urnas.

Bajo ninguna circunstancia este análisis constituye una incitación a apostar por alguna candidatura en particular, se trata de una revisión indispensable de hechos, registros judiciales y comportamientos legislativos que todo ciudadano debería ponderar de manera fría y analítica.

Las aulas de Boston…

Para responder con seriedad a la interrogante que titula este texto, resulta imprescindible retroceder hacia los inicios de la vida pública de Keiko Fujimori, una etapa que se encuentra íntimamente ligada al funcionamiento financiero de la autocracia de los años noventa.Las aulas de Boston…

El primer gran cuestionamiento que marcó su trayectoria se relaciona directamente con el origen de los fondos utilizados para costear sus estudios universitarios y los de sus hermanos en instituciones de altísimo costo en los Estados Unidos, tales como la Universidad de Boston y Columbia.

Durante años, las investigaciones fiscales intentaron descifrar cómo es que un salario presidencial podía cubrir de forma simultánea mensualidades, manutención y pasajes internacionales que ascendían a cientos de miles de dólares. La versión oficial esgrimida por la familia Fujimori sostuvo que el dinero provenía de la venta de un inmueble agrícola conocido como Pampa Bonita.

No obstante, las pericias contables y los testimonios recogidos en sede judicial a lo largo de las décadas pusieron al descubierto severas inconsistencias temporales entre el momento en que se realizaron los pagos universitarios y las fechas de la transacción inmobiliaria.

La controversia adquirió tintes mucho más oscuros con las declaraciones del entonces jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, mismas que apuntaban a que importantes sumas de dinero en efectivo, extraídas directamente de las arcas públicas asignadas a la inteligencia estatal, fueron desviadas y transportadas en maletas para pagar las obligaciones académicas de los hijos del mandatario en el extranjero.

A pesar de que estos procesos penales no concluyeron en una sentencia condenatoria firme (en gran medida debido a la enorme dificultad para rastrear transacciones en efectivo realizadas fuera del sistema bancario y a la prescripción de los plazos administrativos), el desbalance inicial quedó como un precedente sobre la presencia de recursos cuyo origen legal nunca pudo ser acreditado.

Acusaciones maternas…

La transformación de Keiko Fujimori de una joven estudiante a una figura política central del régimen se dio en medio de una de las crisis familiares y éticas más importantes de la historia contemporánea del Perú.

│“Keiko me abandonó. Prefirió el dinero sucio de su padre. Para mí tiene cara de diablo” - Susana Higuchi

En marzo de 1992, Susana Higuchi, en su condición de primera dama, denunciaba públicamente que los hermanos de su esposo, Alberto Fujimori, lideraban una red de apropiación y desvío de donaciones solidarias provenientes de Japón, las cuales consistían en ropa y dinero destinados a los sectores más vulnerables de la población.

Este acto de disidencia marcó el inicio de un calvario para Higuchi. Poco tiempo después de sus denuncias, fue despojada de sus funciones de representación, separada de su esposo y, según sus propios testimonios, confinada en los sótanos del Pentagonito, donde sufrió torturas físicas y psicológicas sistemáticas que incluyeron la aplicación de pulsos de electroshock.

Es exactamente en este punto donde la figura de Keiko Fujimori emerge con un rol político activo. En 1994, con apenas diecinueve años de edad, aceptó la designación de su padre para asumir el cargo oficial de primera dama, ocupando el vacío dejado por su madre.

El caso cócteles

La acusación más grave contra Keiko surgió del llamado Caso Cócteles, que investiga el financiamiento ilegal de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

│“Aumentar a Keiko 500”

Posteriormente, el fiscal José Domingo Pérez encuadró los hechos en delitos de lavado de activos y organización criminal. El 10 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción dictó detención preliminar de Keiko (y otras 19 personas) por supuesta pertenencia a una organización criminal dentro de Fuerza Popular.

Tras un breve arresto en ese mes, un tribunal de apelaciones revocó su prisión temporal el 17 de octubre, dejándola en libertad junto a los demás imputados. Sin embargo, el 31 de octubre de 2018 el mismo juez ordenó nuevamente 36 meses de prisión preventiva para Keiko bajo cargos de lavado de activos. Keiko fue internada en el penal de Chorrillos el 1 de noviembre de 2018 y permaneció detenida alrededor de un año (en dos periodos) mientras se realizaba la investigación.

Finalmente, en octubre de 2025 el Tribunal Constitucional (TC) anuló por completo la investigación y acusación del Caso Cócteles. Según la sentencia del TC, las normas penales aplicadas se habían usado retroactivamente: El delito de “receptación patrimonial” solo existía desde noviembre de 2016, después de los hechos investigados).

El fallo ordenó archivar el proceso y dejó sin efecto todo lo actuado. No obstante, el propio TC aclaró explícitamente que esta decisión no equivale a probar la inocencia de Fujimori.

Como dijo el órgano, “el fallo no determina la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria”, sino simplemente la inviabilidad jurídica de continuar con cargos sin base legal.

En la práctica, el archivo definitivo de este caso fue oficializado por un juzgado en enero de 2026, que reiteró los argumentos constitucionales (ausencia de delito tipificado en la época de los hechos). Eso deja sin curso la acusación por lavado de activos a Fujimori y a varios dirigentes de FP. Como señala la misma defensa, “el proceso concluyó por carecer de base legal”, lo cual insiste en la falta de legalidad, no en la certeza de los hechos.

La mayoría fujimorista

Keiko Fujimori tuvo además un rol legislativo relevante. En 2006 fue elegida congresista por Lima integrando la Alianza por el Futuro (movimiento fujimorista). Ocupó ese escaño hasta 2011, cuando renunció para postular a la presidencia. Tras su derrota electoral, su partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) mantuvo presencia parlamentaria.

En la campaña presidencial de 2016 aunque Keiko perdió en segunda vuelta en el balotaje con PPK, su candidatura arrastró una enorme votación congresal. En las elecciones de este mismo año Fuerza Popular obtuvo 73 de 130 curules, convirtiéndose en la bancada mayoritaria absoluta del Congreso. Este dominio le permitió al fujimorismo controlar la agenda legislativa del período 2016‑2021.

urante los años siguientes, el Congreso, bajo iniciativa fujimorista, aprobó varias medidas criticadas como “leyes pro criminales” o pro-impunidad.

La coalición en el poder (donde FP fue clave) impulsó de forma concertada normas que debilitaban el sistema de justicia y facilitaban la impunidad. Por ejemplo, se aprobaron reformas que obstaculizan la persecución penal, conocidas como “leyes pro crimen”, e, inclusive, una ley que impide que los partidos políticos sean investigados penalmente (ley 32054).

También fue notorio el diseño de mayorías para nombrar magistrados afines (seis miembros del Tribunal Constitucional en mayo de 2022) o destituir funcionarios independientes que frustraron intereses políticos.

Reflexión

Un recurso retórico muy habitual entre los estrategas de campaña de Fuerza Popular consiste en ensayar una defensa basada en la desvinculación generacional…

Se argumenta, con frecuencia, que los crímenes de corrupción, las violaciones a los derechos humanos y el quiebre democrático perpetrados durante la década de los noventa corresponden única y exclusivamente a Alberto Fujimori, y que pretender trasladar esa responsabilidad a su hija constituye una injusticia jurídica y política.

Se debe aclarar que estos planteamientos sí contienen un postulado innegable: la responsabilidad penal es estrictamente individual y no se hereda por vínculos de sangre. Sin embargo, Keiko también fundó su movimiento, construyó su capital electoral y estructuró su identidad partidaria sobre la base de la reivindicación explícita del legado de su padre.

│No se puede reclamar la herencia del capital político y, simultáneamente, rechazar los pasivos éticos e históricos de esa misma marca.

Por otro lado, el argumento de la inmunidad heredada pierde validez cuando constatamos que las acciones más dañinas de Fuerza Popular para la sociedad peruana actual no pertenecen a los años noventa, sino que son de entera autoría contemporánea.

En ese sentido, La parálisis institucional de 2016, el desmantelamiento de los contrapesos democráticos, la redacción de leyes que desprotegerían a la ciudadanía frente al crimen organizado y la captura de las instituciones reguladoras del Estado han sido diseñados, coordinados y ejecutados bajo el nombre de Fuerza Popular.

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Ante la proximidad de una nueva jornada electoral decisiva en este 2026, el mayor desafío de la ciudadanía radica en despojarse de los fanatismos y de la amnesia colectiva que las campañas intensas pretenden imponer. La salud de nuestra República depende de la capacidad de sus ciudadanos para examinar el pasado sin concesiones, entendiendo que el ejercicio del voto es el acto de mayor responsabilidad institucional en la vida democrática.

Garantizar la salud democrática de una nación requiere ciudadanos dispuestos a interrogar al poder con la verdad de los hechos históricos en la mano.