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Masacre en la Selva: la problemática de la Amazonía peruana y las malas prácticas del Estado

Foto del escritor: Daniela Herbozo Daniela Herbozo


Casi diez años tuvieron que pasar para que se ajusticiara una masacre. El 15 de febrero del presente año se sentenció a los autores intelectuales y materiales del asesinato de cuatro dirigentes asháninkas del Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali (Chumpitaz, 2023). ¿La razón de su muerte? La tala ilegal. ¿Los instrumentos para facilitar esta actividad por parte del Estado? El retraso en la titulación de los territorios comunales, el blanqueamiento de madera, entre otros. En este artículo, estimado lector, calaremos de manera más extensa en la problemática de la Amazonía y descubriremos así la conexión entre esta y el deseo de modificar la ley PIACI (en la cual ahondaremos posteriormente).


En el 2008 Edwin Chota, apu asháninka, denunció la invasión a su comunidad por parte de los taladores ilegales Eurico Mapes Gomes y Josimar y Segundo Atachi Félix. La denuncia fue llevada a la Fiscalía del Medio Ambiente de Ucayali; sin embargo, fue archivada por falta de pruebas.


Frente a la inacción estatal y judicial, en el 2011 los comuneros de Tamaya-Saweto decidieron impedir el ingreso a los trabajadores de la empresa forestal Ecofusac. Esta empresa alegó que existía una superposición de su concesión con los territorios de la comunidad, los cuales aún no habían sido titulados por el Estado a pesar de los numerosos reclamos que la comunidad había realizado sin obtener respuesta alguna (Lengua, 2023).


Tres años después, luego de múltiples amenazas, reclamos y viajes a Lima para comunicarse con instituciones como la Defensoría del Pueblo; Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados a cuchilladas y balazos en el camino a una reunión con otros líderes indígenas en Apiwtza, Brasil. El conocimiento de esta lamentable masacre obligó al Estado a otorgar por fin a Saweto su título de propiedad (Romero, 2023).


Lamentablemente, este caso se repite en gran parte de las comunidades invadidas por la tala ilegal. El proceso de encubrimiento de esta actividad inicia con la no-titulación de los territorios ocupados por las comunidades indígenas; así, no hay respaldo legal ante la invasión de sus hogares. Sin embargo, el proceso no culmina allí; otra forma de encubrir la tala ilegal es “blanqueando” la madera. El proceso inicia con el gobierno regional, cuyo trabajo es designar al jefe encargado de vigilar la fuente de la que sale la madera. Una vez verificada ya no es posible saber si la madera es realmente sustraída de manera legal o no. Pero, ¿cómo funciona realmente este sistema? Los informes entregados indican una cantidad de madera supuestamente extraída en territorios autorizados; no obstante, realmente un alto porcentaje de este producto fue extraído en territorios no autorizados, esto significa que sería madera ilegal. Los territorios de los que se extrae la madera de manera ilegal son, en un gran porcentaje, las tierras de las comunidades indígenas (Bargent, 2019). De este modo, los instrumentos estatales utilizados para facilitar los negocios de tala ilegal son el retraso o la no titulación de los territorios indígenas y el “blanqueamiento” de la madera. Sin duda el gobierno regional forma parte de esta red corrupta, siendo el nexo estatal que designa a quien vigila la fuente de la que proviene la madera; de este modo facilita los negocios de tala ilegal.


Teniendo en cuenta toda esta problemática, es importante conocer sobre un nuevo proyecto de ley: la ley n° 3518/2022-CR que propone modificar la anterior ley n° 28736, más conocida como “ley PIACI” cuyas siglas contienen su objetivo: protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. Este proyecto de ley fue propuesto por el congresista fujimorista Jorge Morante y propone que los gobiernos regionales tengan la competencia de reconocer la existencia de los PIACI, la categorización y extinción de reservas indígenas, y la conformación de una comisión revisora de las declaraciones de existencia de PIACI y reservas indígenas ya reconocidas. Estas competencias son actualmente del Ministerio de Cultura, organismo que rechazó tajantemente este proyecto por aumentar el riesgo de tala ilegal mediante la invasión, matanza o desalojo de las comunidades indígenas en la Amazonía.


Pero si la ley perjudica a esta población ¿cuál es el argumento usado para promoverla? Una aparente causal sería el interés económico en la región, ya que la ley PIACI estaría “limitando innecesariamente el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en dichos territorios”. Coincidentemente, un grupo de empresarios de Loreto, región cuyo gobierno es constantemente denunciado por negociar con terceros sobre territorios indígenas de manera ilegal, estaría impulsando la aprobación del proyecto (DAR, 2023; SPDA, 2022).


De esta forma, la aprobación de la modificación a la ley PIACI se sumaría a la demora en la titulación de tierras y al blanqueamiento de madera como un nuevo instrumento estatal que facilite el negociado de madera en la Amazonía peruana.

Las consecuencias de esta actividad, a nuestro pesar, son múltiples; sin embargo, entre las más resaltantes están la vulneración de los derechos humanos de las comunidades y “la migración forzada de estas poblaciones, elevando así los conflictos entre grupos indígenas, así como los efectos de deforestación” (DAR, 2023). Lamentablemente, tanto la problemática de la tala ilegal como sus consecuencias siguen siendo problemas desconocidos de un lugar “alejado” que pertenece al Perú: la Amazonía. La falta de interés o conocimiento está reflejada en un gran número de activistas y dirigentes indígenas que demandaron el cumplimiento de sus derechos y fueron matados por ello; los reportes actuales indican que, entre el 2020 y el 2022, veinte líderes fueron asesinados (RPP, 2022).


¿Acaso estos líderes murieron en vano? El actuar del Ejecutivo y del Congreso lo determinarán.

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Referencias bibliográficas



Bargent C. (31 de mayo de 2019). Una mafia corrupta expolia los bosques del perú. Open Democracy. https://www.opendemocracy.net/es/una-mafia-corrupta-expolia-los-bosques-del-per%C3%BA/



Congreso de la República rechazó propuesta de norma que debilita la Ley Forestal. (23 de marzo de 2023). SPDA. actualidad ambiental. https://www.actualidadambiental.pe/congreso-de-la-republica-rechazo-propuesta-de-norma-que-debilita-la-ley-forestal/


Lengua C. (28 de febrero de 2023). Ucayali: asesinos de defensores ambientales de Saweto son sentenciados a 28 años de cárcel en histórico fallo. INFOBAE. https://www.infobae.com/peru/2023/02/28/ucayali-asesinos-de-defensores-ambientales-de-saweto-son-sentenciados-a-28-anos-de-carcel-en-historico-fallo/



Muerte en la Amazonía: 20 líderes indígenas fueron asesinados durante los dos últimos años. (16 de agosto de 2022). RPP. https://rpp.pe/peru/actualidad/muerte-en-la-amazonia-20-lideres-indigenas-fueron-asesinados-durante-los-dos-ultimos-anos-noticia-1425172


Romero C. (19 de febrero de 2023). La justicia se acerca en Saweto, en la frontera con Brasil. La República https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/02/19/poder-judicial-la-justicia-se-acerca-en-saweto-en-la-frontera-con-brasil-amazonas-ucayali-1034360


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2 Comments


maxaliagachavez
Apr 06, 2023

Existe una cadena de corrupción que pasa por varios estratos perjudicando a loz más débiles. De la tala ilegal y ocupación de territorios ajenos surge la riqueza mal habida.

De la explotación de guano, de las concesiones mineras, de los contratos del estado y otros han surgido y seguirán surgiendo nuevos ricos, perjudicando a nuestro país.

La lectura se torna interesante porque analiza aspectos negativos de nuestra sociedad.

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Wassabi
Wassabi
Apr 05, 2023

¡Qué tema tan interesante!

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