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No basta con "evaluar la situación"; el gobierno debe tomar medidas inmediatas, una mayor inversión en la prevención y control de incendios
Tras la destrucción de más de 3,000 hectáreas de áreas naturales, 22 regiones afectadas, 16 personas fallecidas y una pérdida irreparable de biodiversidad, el miércoles 18 de setiembre el gobierno central finalmente declaró el estado de emergencia en 3 de las 10 regiones que reclaman con urgencia esta medida: Amazonas, San Martín y Ucayali. Aunque el Ejecutivo sostiene que esta decisión forma parte de un plan técnico y representa la continuidad de las acciones estatales para combatir los incendios, lo cierto es que la respuesta tardía del gobierno volvió a evidenciar la falta de voluntad política para incluir los problemas de las regiones y provincias en la agenda nacional.
Estamos atravesando una de las crisis ambientales más graves. Sin embargo, desde el inicio de los incendios forestales —o mejor dicho, desde que estos comenzaron a ocupar los titulares— la presidencia de la República ha mantenido su ya habitual postura de restar importancia a los problemas urgentes. Desde las declaraciones del primer ministro, quien no consideraba necesario aplicar el estado de emergencia ni solicitar ayuda internacional, hasta los videos que muestran la falta de empatía de la presidenta Boluarte frente a la angustia de los afectados:
"No me sirven tus lágrimas", se evidencia una preocupante inacción estatal en situaciones que requieren atención primaria e inmediata.
Esta inacción, a estas alturas, se percibe casi como una condena tanto para las comunidades afectadas como para el medio ambiente.
El Estado ausente frente a la emergencia
La respuesta del gobierno central ante la oleada de incendios ha sido deficiente tanto en el ámbito técnico como en el político. Por un lado, la falta de articulación en la prevención y asistencia urgente con los gobiernos regionales se evidenció en su incapacidad para manejar los incendios de manera efectiva. Así pues, la insistencia de las autoridades locales para que el Estado declare el estado de emergencia surgió de la necesidad de contar con asistencia técnica, personal especializado y equipos para el control de incendios, además de la logística necesaria para el transporte de recursos humanos y materiales que ayuden a mitigar su expansión.
Por ello, las vacilaciones del Estado en aplicar o no el estado de emergencia resultaron nefastas, ya que esta medida facilita la flexibilidad presupuestaria tanto para el gobierno central como para los subnacionales,
permitiéndoles atender eficazmente emergencias como los desastres naturales. En última instancia, esto explica la indignación de las autoridades locales y de los voluntarios ante la reticencia del gobierno central para aplicar dicha disposición.
Por otro lado, en el ámbito político, los argumentos del Estado para minimizar la gravedad
de su inacción, culpando exclusivamente a los agricultores por la quema de pastizales como una práctica cultural o sosteniendo que "estos desastres ocurren todos los años" y que "no todas las regiones están en situaciones críticas", reflejan una desconexión profunda con las necesidades locales. Además, esta postura omite un factor crucial: los efectos negativos de la recientemente aprobada Ley “Antiforestal” por el Congreso de la República, que agrava las condiciones para prevenir y controlar los incendios forestales en el país. Esta normativa, lejos de ser una solución, facilita la explotación de tierras que deberían estar protegidas, eliminando barreras legales que antes limitaban actividades que ponen en riesgo los ecosistemas forestales. Al debilitar los mecanismos de protección ambiental y facilitar la expansión de actividades agrícolas y extractivas en áreas naturales, esta ley no solo incrementa la vulnerabilidad de los bosques frente a los incendios, sino que también complica las labores de prevención y contención del fuego. En suma, esta falta de respuesta subraya, una vez más, la fragilidad institucional y la falta de voluntad política para enfrentar los retos ambientales con seriedad.
Una legislación que agrava la crisis
Como se mencionó en el apartado anterior, la Ley 31973, también llamada Ley “Antiforestal”, aprobada en enero de este año, es un claro ejemplo de cómo las malas decisiones políticas pueden exacerbar los problemas ambientales. Esta disposición fue promulgada con el propósito de “regular la deforestación”; sin embargo, en la práctica, promueve la degradación de los bosques, ya que otorga títulos de propiedad a ciudadanos que realizan actividades agropecuarias en áreas forestales protegidas. Por lo tanto, esta legislación, lejos de proteger los bosques, los pone en peligro. Así, la medida antiambiental ha debilitado las restricciones sobre la deforestación, facilitando el acceso a recursos para sectores como la minería y la tala ilegal. Con todo ello, ¿cómo impacta la Ley “Antiforestal” en los incendios ocurridos recientemente?
El impacto de esta ley radica en que incentiva la tala y quema de bosques con el objetivo de legalizar tierras para actividades como agricultura, ganadería o vivienda. Sin la necesidad de una autorización de zonificación forestal, los ciudadanos pueden utilizar la legislación como justificación para continuar con prácticas destructivas, como los incendios, para despejar áreas con alta densidad forestal.
Por ello, al flexibilizar el control sobre las actividades extractivas, se han creado condiciones que permiten que los incendios forestales se propaguen fácilmente.
La deforestación y la pérdida de cobertura vegetal no solo reducen la capacidad del ecosistema para controlar el fuego de manera natural, sino que también dejan a las comunidades locales más vulnerables ante desastres de esta naturaleza. De este modo, una legislación que, en apariencia, no presenta mayores riesgos, ha contribuido de manera indirecta a la crisis actual al abrir la puerta a una mayor degradación forestal.
En conclusión, los incendios forestales no sólo revelan una situación alarmante, sino que
confirman tres grandes problemas: Primero, que sin recursos suficientes ni una adecuada coordinación, las autoridades locales y los comuneros se ven obligados a luchar solos contra los incendios. Segundo, la falta de infraestructura, la demora en movilizar brigadas especializadas y la escasa inversión en la prevención de incendios forestales evidencian un sistema que posterga las soluciones hasta que el daño es irreversible. Tercero, la poca sensibilidad del Estado peruano frente a la vida de los animales, la vegetación y los habitantes de las comunidades afectadas revela un preocupante desinterés por la protección del medio ambiente y las personas más vulnerables.
El Perú necesita una política ambiental de calidad para mejorar la manera en que aborda los desastres naturales. La crisis de los incendios forestales es solo una señal de que las políticas actuales son insuficientes. No basta con "evaluar la situación"; el gobierno debe tomar medidas inmediatas, una mayor inversión en la prevención y control de incendios, y un replanteamiento de las leyes que afectan directamente a los ecosistemas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
El Comercio. (n.d.). Incendios forestales en Perú: discrepancias entre regiones y el Indeci por cifras ocultas. https://elcomercio.pe/peru/incendios-forestales-cinco-regiones-reportan-mas-incendios-forestales-que-los-que-presenta-indeci-incendios-amaonas-peru-amazonia-estado-de-emergencia-adrianzen-noticias-noticia/?ref=ecr
Infobae. (n.d.). Incendios forestales: qué son, por qué se producen y qué se debe hacer ante esta situación. https://www.infobae.com/peru/2024/09/15/incendios-forestales-que-son-por-que-se-producen-y-que-se-debe-hacer-ante-esta-situacion/
Inforegión. (n.d.). Incendios forestales en Perú: La Ley Antiforestal agrava la crisis ambiental. https://inforegion.pe/incendios-forestales-en-peru-la-ley-antiforestal-agrava-la-crisis-ambiental/
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