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Análisis y reflexiones sobre el realce económico de 1990: ¿El fin justifica los medios? El caso Fujimori.

Foto del escritor: Lia Florentino - Kevin ZavaletaLia Florentino - Kevin Zavaleta

¿Cómo pretendemos tener identidad sin memoria? 

“Un pueblo que no tiene un pasado vivo, jamás tendrá un futuro viable.”


El lenguaje – decía Fuentes – o es memoria o es olvido. Hoy hablamos, escribimos y debatimos para no olvidar. Recordamos no para odiarnos ni fomentar el distanciamiento entre nosotros, sino para criticar(nos) de manera objetiva, cuestionar lo que concebimos como una verdad irrefutable, reconocer nuestros errores con sabiduría y así, y solo así, avanzar. 


En medio de la crisis por la que ahora atravesamos como país, estamos en la obligación de disolver toda ansia polarizadora y convertirla en un afán de justicia desmedida. Justicia que nos dignificará, unirá y recordará qué significa realmente ser ciudadanos de un  país tan diverso como lo es el Perú. Pero, ¿Cómo lograr ello? Discutiendo. Hoy, más que nunca, resulta imprescindible discutir sobre aquel consenso social que nos llevó a perpetuar el discurso hegemónico y demeritar voces valiosas.


Para el ciudadano peruano, los 20 años precedentes a este nuevo siglo representaron el periodo más oscuro en la historia de nuestro país. Entre los protagonistas de aquel pasado encontramos uno que, sin duda, causa controversia: Alberto Fujimori. El “chino”, político outsider, presidente electo en el año 1990, dictador a partir de 1992, artífice de la malversación de la constitución que actualmente rige al país, autor de diversos delitos relacionados a la corrupción estatal, desviación de fondos públicos y violación de derechos humanos durante los años de su ejercicio autoritarista, condenado por la Corte Suprema del Perú en 2009 y difunto en el presente año, hace apenas unos cuantos días. 


A pesar de lo mencionado existe una dicotomía innegable sobre su memoria histórica. Basta con entrar a cualquier red social para encontrar miles de comentarios acerca de este tema. Es claro que aquellas personas que lo defienden y respaldan alegan, en especial, al factor económico. Uno de los comentarios más reproducidos es:  

 “No importa lo que hizo porque levanto la economía del país de manera permanente” 

Vale la pena preguntarse: ¿Qué hay detrás de estos comentarios? ¿Realmente fue Alberto Fujimori el “gran líder político” que reformó la economía para bien? Y si así fue, ¿Cuál fue el precio a pagar por ello? ¿Fue la mano dura que necesitaba el Perú entre tanto caos? De pronto, todas estas preguntas parecen vertirse en una sola: 

¿El fin justifica los medios?

Me gustaría aperturar este artículo con esta interrogante para ustedes lectores. Esta pregunta ha sido protagonista de un gran revuelo y debate desde su fundación en 1513. Tantos siglos después, resulta pertinente ponerla en discusión una vez más. Actualmente somos testigos, y actores, en el escenario de una crisis moderna que tanto arrebata y poco entrega. Una crisis que, lamentablemente, lleva a muchos a responder que sí. El fin sí justifica los medios porque al parecer el dolor humano ya no es motivo de escándalo, sino que se justifica como válido porque el razonamiento es que, como el resultado fue efectivo, no importa el método, así se arrebate la dignidad y se lleve una vida consigo. 


Sí, la integración al sistema neoliberalista que propició Fujimori originó un realce de la economía peruana pero, ¿a qué costo? 


En esta ocasión, para explorar más a fondo esta compleja pregunta, contamos con la

participación de Kevin Zavaleta, comunicador social con estudios en historia, divulgador e integrante del podcast “Dudas Eternas”, quien ha trabajado arduamente en la intersección entre la historia y las nuevas tecnologías. Graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Zavaleta ha sido una voz crítica sobre la difusión y el impacto de la historia en las redes sociales. Su perspectiva sobre la vigencia de esta pregunta aplicada al caso de Fujimori es fundamental para el análisis del tema central de este artículo. 


A continuación, Kevin Zavaleta:


El partido que ganara las elecciones de 1990 tenía como fin subsanar una economía en bancarrota. A causa del manejo irresponsable del gobierno corrupto de Alan García, el Perú había alcanzado una inflación escandalosa e incomparable, incluyendo graves problemas de violencia política. Tan solo evaluando el problema económico, ¿cuáles eran los medios que tomaría el próximo presidente?


Para comenzar, el presidente electo obtuvo por el lado militar el respaldo de los altos mandos del ejército. Por el lado civil, fue de la mano con el economista Hernando de Soto, para concretar acuerdos con los directivos del Fondo Monetario Internacional y el Council of the Americas, en Nueva York; y luego en Lima, para negociar con Jorge Camet y otros empresarios y economistas de la Confiep. El medio tomado fue pactar un cuantioso crédito del exterior. Sin embargo, esta medida tuvo condiciones, implicancias y consecuencias.


Hacia agosto de 1990, el ministro de Economía, Hurtado Miller, anunció el afamado shock económico. Una medida drástica y tal vez ineludible, que ocasionó cerca de un millón de desempleos y una caída de los ingresos hasta en un 50%. El shock solo fue la prueba de confianza para que los organismos internacionales reanudaran el crédito [1].

                                 

Hacia marzo de 1991, la economía peruana estaba estabilizada. El fin estaba resuelto, pero las implicancias llegaron. El presidente tuvo que poner en marcha el Programa de Ajuste Estructural, con el cual se buscaba implantar una serie de decretos con otros objetivos [2].

Hacia noviembre de 1991, el Ejecutivo envió una “primera ola” de 126 decretos de diversos temas. El rechazo por parte del Congreso de entonces, no parece haber sido por el tema económico, ya que Carlos Boloña había pasado la interpelación congresal [3].

Sobre todo, causaron oposición los decretos referidos a seguridad nacional e inteligencia. Esta hostilidad entre los dos poderes del Estado fue pretexto adicional para el autogolpe de 12 abril del 1992. 


Se había conformado un gobierno militar, con una evidente alianza de civiles pertenecientes al empresariado nacional e internacional. Entonces, se impone la “segunda ola” de decretos, con las instituciones estatales tomadas, bajo la dirección de Carlos Boloña en Economía, un ministerio central para controlar o maniatar el erario público. Fueron 745 decretos para suscribirse a las directrices del Consenso de Washington: privatizaciones a bajo costo, derechos laborales minimizados, servicios básicos desregulados, entre otras medidas.


El Perú se reinsertó en la economía internacional, con todas las dependencias que esto conllevaba. Desde antes pero sobre todo desde entonces, la estabilidad peruana dependía de la economía del país al que parasitaba.


Cabe añadir como consecuencias que estas medidas fueron arrasadas por complejas redes de corrupción, concentrada por la élite de entonces, incluyendo al asesor en la sombra, Vladimiro Montesinos. Solo por dar dos ejemplos:


  1. Se calcula que en la venta y/o subasta apresurada de 220 empresas estatales, fueron recaudados más de 11 mil millones de dólares; según lo documenta el historiador Antonio Zapata [4].


  2. Se calcula que en las ampliaciones presupuestales ordenadas y otras medidas del ministerio de Economía, fueron desviados 217 millones de soles; según los documentos “secretos” que no incineró el general Anibal Muente.

Se desconoce el paradero exacto del dinero mencionado, aunque una parte iba destinada a sobornos y a campañas electorales. Sin duda, existen otras consecuencias económicas incalculables. Solo por dar dos ejemplos:
  1. Las repercusiones económicas de la captura del Estado frente a los intereses privados.

  2. La posibilidad que hubiera más inversión a nivel local y extranjera a causa de la corrupción [5].


Al parecer, aliviar la inflación (satisfaciendo las exigencias extranjeras) no parece haber sido el fin del gobierno de entonces. No es casual que el crecimiento económico nacional tenga un poco impacto en el aumento del empleo y la reducción de la pobreza [2].


A modo de reflexión final respecto a la coyuntura nacional:


“Todo indica que su finalidad era concentrar el poder y disminuir el Estado, para poder saquearlo con pocos intermediarios.

¿No les recuerda a cierto gobierno de cierto país hoy en día? - Lia Florentino


Repetimos nuestra historia. La crisis de democracia actual no le es indiferente a nadie. Resulta innegable pues - según La República - el gobierno en turno cuenta con el 85% de desaprobación. Un porcentaje que, lamentablemente, no sorprende. No sorprende debido a que el congreso ha aprobado cuanta ley ha querido en favor de una minoría rapaz en la cara de todos los peruanos. Y, en gran medida, reaccionamos con silencio e indiferencia. El hartazgo político nos consumió. Nos consumió hasta hace unos días. 

La Patria no se vende, ¡La patria se defiende!

El panorama ha cambiado por completo. El país ha reaccionado y nos hemos dado cuenta

de que la crisis de incendios forestales en el país no solo versa sobre la cuestión ambiental, sino que también es un reflejo inmoral de la tradición corrupta del país La modificación de la Ley 29763 permite la legalización de tierras deforestadas y quemadas, impulsando indirectamente la destrucción de la Amazonía, y las consecuencias de esta política ya son palpables: miles de hectáreas de bosque desaparecidas, fauna en peligro y comunidades afectadas. 



La técnica predilecta del Estado parece ser esa: se ajustan o se crean nuevas fórmulas para perpetuar la corrupción. Esta ley ha demostrado en todas sus aristas ser un instrumento que, en lugar de proteger los recursos naturales, facilita su destrucción en favor de intereses privados. Ya hemos visto, a lo largo de nuestra historia, cómo el poder y la codicia han saqueado nuestras tierras y nuestros derechos. Hoy tenemos la oportunidad de aprender del pasado, de recordar que cada decisión que tomemos, que cada batalla que dejemos pasar, definirá nuestro futuro pero también de las nuevas generaciones. En este punto solo me queda una pregunta: 

¿Qué estamos dispuestos a dar por el Perú que merecemos?

 

Fuentes:


[1] Crabtree, Durand, 2017. Ensayo. “Perú: élites del poder y captura política”. Ed. U del Pacífico.

[2] Campodonico, 2015. “Perú, la búsqueda de la democracia”. Dirigido por Carlos Contreras.

[3] Daeschner, 1993. “La guerra del fin de la democracia”. Traducido por Mirko Lauer.

[4] Zapata, 2015. Ensayo. “Perú, la búsqueda de la democracia”. Dirigido por Carlos Contreras.

[5] Quiroz, 2013. “Historia de la corrupción en el Perú”. IEP. Traducción Javier Flores Espinoza.


Fotos de los libros usados:

 

Bibliografía:



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