La superficialidad detrás de la dotación de armas a los serenazgos

Análisis sobre la propuesta del primer ministro Aníbal Torres

Hace unos días, frente al estado de emergencia impuesto para Lima y Callao a causa de la inseguridad ciudadana, Aníbal Torres, el actual primer ministro de la nación, manifestó su preocupación, por lo que planteó una propuesta controversial como alternativa de solución ante esta problemática. Así, en la conferencia de prensa, afirmó que los serenazgos deben ejercer su labor en las calles con armas de fuego no letales previa preparación. Él comentó que aquello reforzaría el trabajo de la Policía Nacional del Perú. No obstante, explicó que aún el tema debía ser debatido, puesto que sea la respuesta positiva o negativa, lo fundamental es buscar alternativas eficientes para priorizar y garantizar la seguridad ciudadana. De tal manera, distintos especialistas y personajes relevantes en la materia dentro de la coyuntura actual han manifestado su rechazo hacia las palabras expuestas por Torres. Entre ellos, Rubén Vargas, el anterior ministro de defensa, expresó que esta presunta medida resultaría una respuesta demagógica y populista ante una circunstancia de la cual se desconoce su reparación. Además, se señala que es posible que se susciten casos de abuso de poder y violencia, tal como ya ha ocurrido antes.

Resulta de conocimiento público que la inseguridad ciudadana es un problema que nos invade desde hace mucho tiempo. Sin embargo, aún no se establece un margen idóneo en el que sea factible reducir los índices contraproducentes que este ocasiona ni el nexo de confianza entre las fuerzas protectoras y la sociedad en general. Cada vez nos ubicamos más lejos de una posible reforma policial y de defensa que sitúe el origen de este, optando, frente a ello, por elegir medidas punitivitas que, en ocasiones, agrava en mayor medida el problema latente. Esta situación nos remite a un hecho histórico como fue el Estado Nazi en Alemania. Allí, el trabajo policial se amplió: no solo laboraban en el ámbito preventivo, sino que también cometían abusos en los procesos de condena sin la justificación suficiente para ello. Así, si bien redujeron los casos de delincuencia, se instauró, a su vez, un estado de terror avalado por el gobierno al mando. Vale mencionar que la comparación entre este caso y el de la situación que atraviesa nuestro país es desproporcional. Empero, esta realidad pasada nos brinda luces de cómo es que, en aras de encontrar una salida frente a un dilema perjudicial para la sociedad, el Estado brinda herramientas para que, en lugar de que confiemos en las fuerzas del orden, terminamos temiéndole.

Para ello, se concibe como fundamental definir cuáles son las funciones de los serenazgos en nuestro país. Se encargan de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana. Además, organizan y colaboran con los órganos públicos protectores de personas frente a algún suceso que altere la seguridad distrital. En esa línea, se presencia que dentro de sus deberes no se encuentra la intervención directa ante un acto delictivo, ya que dicho trabajo lo realizan las fuerzas policiales como entidades preparadas para enfrentar sucesos de esa índole. Asimismo, vale mencionar que la Policía Nacional del Perú es una institución reconocida ante el Estado, en comparación de los serenazgos, quienes son un organismo establecido por las municipalidades. De tal manera, el proceso burocrático y normativo que se produciría de por medio sería totalmente diferente. Remitiendo a la situación expuesta, en el caso de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo con el decreto legislativo N°1186, el cual regula el uso de su fuerza, se señala en el artículo cuatro los criterios a considerar con respecto al manejo de armas tanto letales como no letales. Estas se basan en la legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, en gran medida, el empleo de armas se concentra en actos de defensa propia. Sin embargo, no se indica que la práctica de estas se ejecute con el objetivo de profesar el orden y actuar ante la criminalidad. Cabe recalcar que, pese a la suma de normativas, dichas instancias no se han cumplido en su totalidad, examinando que han existido distintos casos en los que se ha manifestado el abuso policial, sea en condición de civil o de servicio. Ante esa perspectiva, la posibilidad de una reforma policial se ha encontrado en pie de lucha durante mucho tiempo con la finalidad de establecer parámetros formativos que traten en profundidad el ámbito de los derechos humanos y el origen de la delincuencia en nuestro país. En tal circunstancia, cuando el premier mencionó que la policía ha sido superada por la delincuencia, derivaría mejor preguntar el motivo de ello para evaluar un modelo que distinga la firmeza de la violencia como mecanismo de protección. En consecuencia, se buscarían alternativas que no solo detenga esporádicamente la agresión bajo el miedo a una condena, sino que además analice los motivos de actos delincuenciales para solucionar el problema desde la razón y construir una sociedad segura.

La dotación de armas letales o no letales al cuerpo de serenazgos reduciría el lazo comunicativo que existe entre quienes velan por una ciudad estable y quienes trabajan con casos especializados. También, si ese fuese el contexto, la preparación y designación de permisos se ceñiría a una ardua evaluación, por lo que vale tomar en cuenta las aristas de corrupción que existen dentro de los espacios encargados de realizar ello. De tal manera, frente a lo expuesto, recaeríamos una vez más en el punitivismo como estrategia superflua ante una trascendente problemática. Este término, el punitivismo, refiere al incremento de sanciones penales o violentas como solución ante un asunto público sin considerar factores externos. Para trabajar en alternativas eficientes, se debe analizar, en primera instancia, el asunto relacionado a características estructurales tales como los índices de pobreza y desigualdad, los cuales merecen y urgen ser prioritarios para enfrentar distintas problemáticas. Asimismo, resulta necesario investigar las causales y diferentes variables estadísticas que indiquen la realidad tanto en las prisiones como en lo que sucede después de la salida de los reos. De lo contrario, la dureza y represión se convertirían en la mampara de un dilema estructural y en la apertura hacia la noción de vivencia bajo el miedo disfrazado en protección espontánea.