La respuesta estatal frente a los disturbios internos

Las manifestaciones sociales que iniciaron en los primeros días de diciembre han dejado hasta el momento más de veinte fallecidos y decenas de heridos. Así, ha pasado a ser notorio el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, mostrando el choque entre el restablecimiento el orden interno y el ejercicio del derecho de protesta. Ante esta situación, ¿cómo ha intervenido el aparato estatal para afrontarla?

Los pedidos desde distintas partes del Perú se centran en tres puntos: el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la restitución del expresidente Pedro Castillo. Al respecto, si bien existe discusión sobre lo realista de dichas solicitudes, lo cierto es que el Estado optó, como primera respuesta, por declarar el estado de emergencia. Con ello, se dio paso a un estado de excepción que restringía o suspendía, según el artículo 137 de la Constitución, derechos constitucionales como el de la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y libre tránsito en el territorio nacional.

Usualmente, la mirada que se tiene sobre los conflictos sociales tiende a ser negativa, pues estas son percibidas como un riesgo para el orden interno y la gobernabilidad. No obstante, las personas encuentran la manera de manifestar sus intereses a través del ejercicio de su derecho a la protesta. El problema se da cuando las protestas dejan de ser pacíficas y escalan a un nivel de crisis que incluye actos de violencia transformándose en disturbios internos. Llegados a ese punto, la intensidad de los enfrentamientos se incrementa, causando así una serie de afectaciones a otros derechos como el de la integridad personal, la propiedad, entre otros.

Frente a estos disturbios internos, el Estado es el llamado a dar una respuesta. Y, si bien resulta innegable la función que tiene en velar por el orden interno y los derechos fundamentales de las personas, el aparato estatal se centra en su dimensión instrumental al autorizar la intervención de las fuerzas policiales y armadas para parar el conflicto. Así, los estados de emergencia se convierten en la herramienta jurídica que buscan restituir el control social, pero que lamentablemente generan efectos contrarios a los esperados, ya que exacerban los ánimos de los actores del conflicto cerrando las posibilidades de diálogo y abriendo las puertas a una violencia que parece no tener fin.

El estado de emergencia solo extiende las facultades de las fuerzas armadas que de por sí no están acostumbradas ni preparadas para enfrentar al ciudadano de a pie. Si nos preguntamos cuál ha sido el avance que dicha medida ha tenido desde su entrada en vigencia, se podrá observar que hasta la fecha solo se ha perdido vidas de peruanos, se han tenido detenciones arbitrarias y la violencia ha dado un mayor estallido. En realidad, la fuerza pública ha pasado a ser la opción privilegiada por el Estado para afrontar los conflictos sociales, pero no cabe duda de la ineficiencia de esta medida.

Lo lógica sería, tal como menciona Barrantes y Peña (2007), que el Estado cumpla su obligación pensando en una forma más creativa para trabajar con el conflicto y convertirlo en una oportunidad de absorber demandas que transformen la vida colectiva de la nación. Se sabe bien que un problema que se arrastra por años tiene que ver con la persistencia de brechas sociales y mientras estas no sean prioridad en la agenda estatal, siempre se encontrará una grieta que genere demandas por parte de la población.

Por otro lado, resulta importante la dimensión política del Estado, porque finalmente las personas otorgan su confianza a nuestros representantes a través de su voto para hacer posibles cambios estructurales. En medio de una crisis social y política, es cuestionable la forma de actuar por parte del Congreso de la República que recientemente rechazó el adelanto de elecciones, pese a ser el pedido desde las calles y que se mantiene con mayor aprobación según la última encuesta realizada por el IEP.

Pese al nivel de fragmentación que afronta la sociedad peruana, nuestras máximas autoridades deben tener esa disposición para evitar la represión y el uso desproporcional de la fuerza que afecte a los ciudadanos. El Estado no solo tiene la labor de recuperar la normalidad constitucional, sino también debe enfocarse en identificar los verdaderos intereses de la población para emprender un camino de nuevo hacia una democracia representativa con una fuerte institucionalidad.