“Harta hambre, harta codicia” Reflexiones sobre el caso Qali Warma

El artículo reflexiona sobre las graves implicaciones del caso Qali Warma. Particularmente en la relación entre la inseguridad alimentaria y la gestión estatal. Se destaca la ironía de que el mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), encargado de enfrentar la crisis alimentaria en el Perú, haya estado vinculado al programa Qali Warma. Que presuntamente distribuyó alimentos de mala calidad, como carne de caballo, a los niños más vulnerables del país. El texto critica la falta de responsabilidad del gobierno al no garantizar una alimentación adecuada y saludable para la población infantil en situación de pobreza. Además, se cuestiona la ambición de los políticos que, en busca de intereses económicos y políticos, sacrifican el bienestar de los más necesitados, especialmente los niños y niñas, quienes deberían ser una prioridad en la política pública.

El hambre y la corrupción: interminables

El caso, más allá de ser ocasionado por una selecta casta de funcionarios públicos incompetentes, ha logrado alcanzar a figuras públicas y políticas, que a priori no deberían tener ningún nexo con dicha red criminal.

El pasado domingo 26 de enero del 2025, Cuarto Poder, presentó un reportaje de investigación. En el cual se mostró la transcripción completa de una conversación ocurrida el 18 de diciembre del 2022. Entre la principal testigo y aspirante a colaboradora eficaz en el caso Qali Warma y Carlos Guillén, el supuesto emisario del Gobierno en este caso. En dicha conversación se refleja el deseo imperante por parte de Guillén para facilitar la salida del entonces ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. La fiscalía entiende la existencia de un posible contenido penal que pueda permitir el avance en dicho caso. Por tanto, se realizarán las investigaciones correspondientes para dar avance a un caso que lleva años sin ver una luz de solución. Lo cual nos permite cuestionarnos que tan grande es la ambición de nuestros políticos y funcionarios públicos, al nivel de usar la alimentación de los niños y niñas más vulnerados de nuestro país, con tal de lograr sus fines políticos y económicos

No obstante, se me hace necesario añadir un breve contexto sobre el caso. Qali Warma (“niño(a) vigoroso(a)” del quechua), fue un programa del Estado peruano impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El cual busca (o debería) garantizar una alimentación variada y nutritiva a todos los niños y niñas de nuestro país que se encuentren en el nivel de educación inicial o primaria en un colegio público o inclusive el nivel secundario en poblaciones indígenas amazónicas. Sin embargo, dicho programa tuvo que ser reemplazado oficialmente el 4 de diciembre del 2024 por Wasi Mikuna, el cual irónicamente se traduce del quechua como “comida de casa”, que de casa no tiene nada, y de comida (presuntamente) menos. Ya que la razón por la cual se tuvo que dar esta decisión de carácter continuista, es gracias al destape de un escándalo en el cual se acusa presuntamente al programa Qali Warma de brindar carne de caballo y alimentos en mal estado a las familias. El caso, más allá de ser ocasionado por una selecta casta de funcionarios públicos incompetentes, ha logrado alcanzar a figuras públicas y políticas, que a priori no deberían tener ningún nexo con dicha red criminal. Figuras que van desde Nicanor Boluarte, hermano de nuestra estimada presidenta; Gracia Aljovín de Losada, esposa de la congresista y aspirante a la presidencia Susel Paredes; o inclusive a Martín Riepl, periodista de RPP y anteriormente Latina Televisión.

El comercio de la alimentación: Un nicho fructífero

La mercantilización llega también hasta el pensar que ellos tienen más derecho a llenarse el bolsillo u ocupar ciertos cargos, a que un niño a recibir una alimentación de calidad

Sin embargo, mi intención en el presente artículo no se orienta hacia la redacción del caso. Sino me gustaría que podamos analizar el otro lado de la moneda, pues las noticias referentes al tema van orientadas hacia los culpables del caso. Empero, me gustaría preguntar: ¿Nos hemos puesto a pensar en las millones de víctimas? Pues me encantaría saber cómo piensa nuestro Estado explicarles a las familias más vulnerables de nuestro país, que lejos de alimentarse de manera nutritiva y balanceada han estado consumiendo carne de caballo. No existe forma de devolverles o, mejor dicho, quitarles lo han consumido por mucho tiempo. Se me hace humillante y discriminatorio usar a niños y niñas que se encuentran en una etapa de desarrollo y crecimiento, para enriquecerse a costa de ellos. Una visión mercantil en todo su sentido: Desde el lenguaje mismo, usando al quechua para tener un fin ajeno al de la conservación y promoción de la respectiva lengua y sus hablantes. Ya que es el mismo gobierno el que hace un escándalo discriminatorio cuando un congresista se pronuncia en su lengua originaria. La mercantilización llega también hasta el pensar que ellos tienen más derecho a llenarse el bolsillo u ocupar ciertos cargos, que un niño a recibir una alimentación de calidad. Por naturaleza, una de las funciones del Estado con la población, debería ser la de buscar el bienestar general de la misma, y con la barriga vacía, no existe posibilidad a ello. Mendoza señala: “Si los individuos tratan de maximizar su bienestar y ello tratan de lograrlo con la existencia necesaria de un sistema de gobierno cuyo funcionamiento es financiado por ellos, entonces, tales individuos tienen todo el derecho de exigir a ese gobierno a que contribuya con su proceso de maximización de bienestar.” (2000, p.48). Es decir, tenemos derechos todos los peruanos en exigir al gobierno que se nos brinde las condiciones necesarias para nuestro bienestar, y ello no exime a las familias en condiciones de vulnerabilidad.

La necesidad de cuestionarnos

(…) es una ironía pues el mismo ministerio que estudia y analiza dichas cifras, es el mismo que mediante el Qali Warma respondía a esta crisis alimentaria con conservas de caballo

Dentro de este crisol de ironías, producto de la incompetencia estatal, existe una que me llama mucho la atención. Pues el Perú es uno de los países con la mayor inseguridad alimentaria de la región, lo cual se refiere a que no se cuenta ni con el acceso físico ni económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y sus preferencias, en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. En 2022, más de la mitad de la población se encontraba en inseguridad alimentaria moderada o severa (Midis, 2022). Además, en 2023 el 57% de la población declaró que al menos un día en los tres meses anteriores no había ingerido alimentos. Y digo que es una ironía pues el mismo ministerio que estudia y analiza dichas cifras, es el mismo que mediante el Qali Warma respondía a esta crisis alimentaria con conservas de caballo. Ello nos debería llamar a cuestionarnos nuevamente sobre la ambición de nuestros políticos y funcionarios públicos. Además de cuáles serán sus límites, pues la alimentación de los niños y niñas más vulnerables de nuestro país no es uno de ellos.

Bibliografía:

Gonzales, M. A. (2025). “Queremos voltear a Demartini”: El plan para deshacerse del ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Infobae

Eguren, F. (2024). ¿El derecho a la alimentación? Bien, gracias. Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUCP

Midis / Midagri / PMA (2022). Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias 2021. Documento para discusión. Págs. 14-15.

Midis (2025). Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna

Mendoza, J. L. (2000). ¿ Cuál es el rol del Estado. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, 5(15), 45-62.