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En los últimos días se comunicó la noticia de que la empresa estatal Petroperú solicitó un soporte financiero por US $3,200 millones a través del Ministerio de Energía y Minas con el propósito de mantener la sostenibilidad del mercado de combustibles y mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de estos a nivel nacional. Asimismo, se adicionó a la solicitud, una ampliación para cancelar sus deudas que tiene al 2025 con una inyección de US $500 millones de dólares.
No obstante, pese a que los resultados financieros arrojaron una pérdida neta de US $380 millones y un déficit de capital de trabajo de US $1,368 millones durante el primer semestre del año, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, no descartó la posibilidad de un nuevo rescate financiero.
Así, en los últimos años el papel del Estado —en su rol subsidiario— se ha visto cuestionado a raíz de su constante intervención en proyectos y políticas de gobierno que han comprometido, directamente, el dinero de los contribuyentes a fin de seguir sosteniendo un modelo que ha demostrado ampliamente su fracaso: el Estado empresario.
Durante la historia republicana del Perú los ciudadanos han afrontado una serie de problemáticas relacionadas, principalmente, al ámbito socioeconómico y político. Así, uno de los principales asuntos en cuestión ha sido la constitución de empresas públicas que, durante la década de 1980, impactó en la historiografía peruana con significativas consecuencias que generaron un decrecimiento en la competitividad de la economía nacional y en el bienestar primario de los peruanos más necesitados como resultado de la agudización de la inflación, el desempleo y la creciente tasa de pobreza. En ese contexto, según la data tipificada en el BCRP (1999) el rendimiento de las empresas estatales registró períodos de déficit que comprometió y mermó —de manera sustancial— el erario. Así, con el tiempo, esta situación contribuyó a consolidarse como una característica endémica dentro de las empresas estatales que, en la praxis, no sobrecoge que su desempeño haya sido paupérrimo para establecer mecanismos de gobernanza corporativa como resultado de una deficiente política de continuidad y, de una permanente injerencia política de los gobiernos de turno en dichas empresas. En ese sentido, las empresas públicas no han orientado sus proyecciones a la maximización de sus utilidades y eficiencia.
DILEMA ENTRE PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y ESTADO EMPRESARIO
En los últimos días se comunicó la noticia de que la empresa estatal Petroperú solicitó un soporte financiero por US$ 3,200 millones a través del Ministerio de Energía y Minas con el propósito de mantener la sostenibilidad del mercado de combustibles y mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de estos a nivel nacional (Gestión, 2023). Asimismo, se adicionó a la solicitud, una ampliación para cancelar sus deudas que tiene al 2025 con una inyección de US $500 millones de dólares (Infobae, 2023). No obstante, pese a que los resultados financieros arrojaron una pérdida neta de US$ 380 millones y un déficit de capital de trabajo de US$ 1,368 millones durante el primer semestre del año, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, no descartó la posibilidad de un nuevo rescate financiero (Rumbo Minero, 2023). Así, en los últimos años el papel del Estado —en su rol subsidiario— se ha visto cuestionado a raíz de su constante intervención en proyectos y políticas de gobierno que han comprometido, directamente, el dinero de los contribuyentes a fin de seguir sosteniendo un modelo que ha demostrado ampliamente su fracaso: el Estado empresario.
Con la finalidad de desarrollar un diagnóstico holístico de esta situación es necesario definir qué es el principio de subsidiariedad. Si bien en el marco normativo de la Constitución (1993), en su artículo 60°, enmarca la participación del Estado en el desarrollo económico de los intereses del país, el artículo señala que sólo "autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional". En ese sentido, la Constitución dispone que el Estado adquiera un rol de carácter secundario en la economía nacional pero que, en circunstancias puntuales en las que el mercado no logre cubrir el acceso necesario a los bienes y servicios que la sociedad requiera, será necesaria la intervención estatal (Cavero, 2023, 4). Así, es menester que esta predisposición no transgreda el enfoque de subsidiariedad en donde el Estado sólo está facultado para intervenir en situaciones específicas a fin de garantizar la libre competencia y la eficiencia en el gasto del presupuesto público. Ahora, es importante formular la siguiente interrogante: ¿el precepto constitucional del rol subsidiario del Estado se cumple en el caso de Petroperú?
En principio, se puede debatir acerca de la función primigenia de la empresa Petroperú en relación con dos aristas intrínsecas: su conexión con el interés público nacional y la relevancia de su rol subsidiario. Como se había mencionado previamente, el principio de subsidiariedad se utiliza como un mecanismo que regula la competencia en la medida que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a los diferentes bienes y servicios de la manera más eficaz posible (Cavero, 2023, 5). Por ende, si el mercado logra suplir las necesidades de la sociedad en general, la participación del Estado queda exenta en el desenvolvimiento de dicho mercado. Con ello, en el caso de Petroperú no se vislumbra una necesidad categórica de carácter público que requiera la intervención estatal dentro de la industria de hidrocarburos. Entonces, desde las esferas del Estado se debería buscar, en primera instancia, promover la capitalización privada de la empresa Petroperú a fin direccionar el control y la estructura interna que permitan consolidar una mayor eficiencia en sus procesos corporativos para así reducir su exposición en el fisco ante su recurrente déficit operativo (Cavero, 2023, 5).
Asimismo, con el propósito de que Petroperú sea visto como un activo interesante por sus potenciales inversores, es fundamental subsanar —con celeridad— el déficit que ostenta la empresa en la actualidad. De acuerdo con los datos del MEF (2018), “la ratio Deuda/EBITDA en el 2018 alcanzó el valor de 31, es decir, la deuda de Petroperú fue 30 veces mayor al flujo operativo de la empresa ese año”. Ahora, con respecto al año 2022 Petroperú, obtuvo una pérdida neta de US $60.9 millones al cierre del tercer trimestre de 2022, mayor a la registrada a septiembre de 2021 (US $38.3 MM). La pérdida del mismo período del 2020 fue de US $116.6 millones (Portal Gana Más, 2022). Por ende, por presentar un historial crediticio de riesgo y por no transparentar los estados de cuentas auditados en el año 2021, se le ha limitado las líneas de crédito ofrecidas por los diferentes bancos (Gestión, 2022). Con este tipo de sobreendeudamiento, el valor patrimonial de Petroperú se ha visto severamente afectado ante las evidentes señales de descrédito que presenta con lo que disminuye, en potencia, una capitalización de carácter privado y refuerza la crítica a su gestión deficiente como empresa.
Por ejemplo, otra característica a erradicar de la gran mayoría de empresas públicas es la injerencia política que se muestra como una constante tanto en la organización como en la ejecución de los proyectos. Ahora, en el caso de Petroperú, dicha injerencia se vincula, directamente, a áreas como la delimitación de metas y a la movilidad de los puestos administrativos (Cavero, 2023, 11). Así, de acuerdo con el expresidente del directorio Carlos Paredes señaló que, “[…] en febrero de 2019 el gerente de recursos humanos de Petroperú informó al directorio que un tercio de todos los trabajadores con contratos permanentes en la empresa son completamente innecesarios” (RPP, 2023). Asimismo, la Ley N° 27803, remarca que, “[…] el personal que había sido cesado de otras entidades públicas tenga que ser contratado o reubicado, en parte, en entidades públicas como Petroperú” (Congreso, 2002). Estas consideraciones no estimaron, adecuadamente, la formación académica ni el cumplimiento de requisitos profesionales específicos para el cargo. En ese sentido, la carencia de capacidades técnicas y profesionales de un sector de los trabajadores no contribuyó a maximizar la generación de valor dentro de los procesos internos de la empresa (Cavero, 2023, 11).
PROPUESTA Y CONCLUSIÓN
Con respecto a lo esbozado previamente, la situación crítica de Petroperú requiere de una evaluación exhaustiva por parte del Estado que permita reconocer —transparentemente— que su deficiencia está intrínsecamente relacionada a la concepción estructural de sus procesos internos que ha ejecutado como empresa pública (Cavero, 2023,12). Por ende, es imperativo efectuar un diagnóstico que examine, minuciosamente, los indicadores de desbalance de gestión financiera y corporativa dentro de la empresa. Asimismo, es importante que el Estado constituya una nueva visión y misión a futuro de Petroperú que capitalice proyecciones competitivas capaces de enfrentar un mercado abierto a energías renovables cada vez más desarrollado y con bienes sustitutos al petróleo (Cavero, 2023, 12). En síntesis, desde las esferas del Estado se debería impulsar la capitalización privada de la empresa Petroperú a fin direccionar el control y la estructura interna para superar el deficiente manejo que ha tenido la empresa hasta el momento y así coadyuvar al proceso de estabilización de la economía. Con ello, la participación privada en el accionariado de la empresa podría contribuir a focalizar el presupuesto público a nuevos programas y necesidades sociales que requieren financiamiento del Estado (Cavero, 2023, 13). Menos inyecciones de capital se traduce a más recursos disponibles para los peruanos más necesitados que requieren el unívoco apoyo del Estado.
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