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Desamparo y des-integración local: mujeres venezolanas refugiadas en Perú

Foto del escritor: Adriana SierraAdriana Sierra
6 mar 202411 Min. de lectura
A la fecha, son pocos los estudios referentes a las dificultades que afrontan las mujeres refugiadas en el Perú. Asimismo, el Estado peruano aún batalla por orientar su accionar siguiendo los estándares internacionales de refugio humanitario. A través de la aplicación del concepto de seguridad humana, se ha evidenciado que los procesos de integración local de las mujeres refugiadas venezolanas son insensibles al género. Aquello se evidencia a través de las asimetrías de género presentes en el ámbito laboral, el acceso a servicios básicos y la falta de redes de apoyo.

A la fecha son pocos los estudios referentes a las dificultades que afrontan mujeres refugiadas venezolanas en el Perú (Barrenechea, et al., 2020; Aguilar, 2009; Berganza & Solórzano, 2009; Blouin, 2019; Equilibrium CenDE, 2018; Koechlin, et al., 2019). Es evidente que el Estado peruano aún batalla por orientar su accionar siguiendo los estándares internacionales de refugio humanitario, ya que muchas mujeres siguen siendo víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo en lo referente al proceso de integración local. De acuerdo con ACNUR (2011), esta comprende la integración legal, económica y social en el país de acogida con el fin de volverse autosuficientes desde el asilo justo y eficiente, que garantice el respeto de sus derechos fundamentales.


En aquel contexto, el presente ensayo sostiene que el proceso de integración local en Perú no promueve una integración sensible a las asimetrías de género, dando como resultado la afectación de la seguridad humana de las mujeres refugiadas venezolanas. Como se verá a lo largo del presente ensayo, las asimetrías en el ámbito laboral, en el acceso a servicios básicos y en la falta de redes de apoyo dan cuenta de un deficiente proceso de integración local para las mujeres refugiadas venezolanas. 


Consideraciones teóricas


De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el concepto de seguridad humana debe ser entendido de manera multidimensional, preventiva e interdependiente, orientado a asegurar una calidad mínima de vida para los individuos de un país desde el acceso al trabajo, a servicios básicos y a la vida comunitaria plena  (PNUD, 2014). De esta manera el concepto de seguridad refiere a las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los seres humanos, a través del resguardo de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica se han evidenciado dificultades para abordar satisfactoriamente todas las dimensiones que supone el enfoque de seguridad humana, más aún en contextos de desplazamiento externo forzado. Por ejemplo, se puede detonar la perpetración de violencia psicológica, económica, sexual y física.


Para entender cómo se aborda la problemática social de las mujeres venezolanas refugiadas en el Perú, es necesario primero definir qué supone el régimen internacional de los refugiados. Este régimen genera un conjunto de principios referentes a la praxis humanitaria, a fin de abordar y resolver de forma integral los problemas relativos a la situación de refugiados en el mundo (ACNUR, 2007). De acuerdo con esta definición, se entiende que la situación de los refugiados es involuntaria y distinta a la situación de otros grupos sociales como los desplazados internos, solicitantes de asilo, migrantes económicos o apátridas. Asimismo, el régimen de refugiados supone una comprensión la seguridad en términos multidimensionales, a fin de asegurar que la protección brindada por los países receptores sea integral. 


Considerando el contexto normativo del régimen de refugiados y cómo este moldea las condiciones (simbólicas y materiales) para su seguridad, es necesario considerar que el régimen de refugiados ha sido construido en una base de neutralidad de género (Smith 2016), de manera que no considera los diferentes factores que afectan la movilización e integración de las mujeres en los países de refugio. Es decir, el proceso de refugio está subordinado a concepciones de seguridad que ignoran las asimetrías de género. Esto impacta la defensa de sus derechos fundamentales en el país de refugio, llevando al incumplimiento del ideal de seguridad humana.


Las mujeres refugiadas venezolanas llegan a ser víctimas de un sistema jerárquico basado en el género, presente tanto en su país de origen como en sus países de refugio. Llas diferencias producidas de las relaciones entre los sexos van a generar asimetrías de poder que se expresarán en todos los ámbitos de su vida social (trabajo, hogar, organizaciones comunitarias, instituciones políticas (Scott, 2012; Sjoberg, 2018). Las etiquetas y estereotipos construidos van a impactar en el papel atribuido a las mujeres en el ámbito público, lo cual afectará directamente sus responsabilidades en el ámbito privado (Belkin, 2012). Asimismo, siguiendo las ideas de Tickner, se podría decir que la inseguridad, como contraparte de la seguridad, tiene género (1988). Esta inseguridad supone vulnerabilidad a la violencia sexual, la trata de personas, la separación familiar, la servidumbre doméstica, entre otros. Cabe mencionar que, estos tratos negativos y riesgos tienen su origen en la perpetuación del patriarcado, el cual impacta material y simbólicamente en la situación de las mujeres migrantes. Siguiendo esta idea, las mujeres tienen mayores dificultades para dejar de ser sujetos dependientes, pasivos y vulnerables, que deben aceptar su entorno sin cuestionarlo. La institucionalización de estas categorías patriarcales hace de las mujeres tengan mayores riesgos de explotación y abuso (Hennebry & Petrozzielo, 2019). 


Considerando el marco teórico anterior, el presente ensayo busca cuestionar los mecanismos actuales de integración local para la población refugiada venezolana, enfatizando las experiencias de las mujeres. Se llega a la conclusión de que los procesos de integración local son aún insensibles al género, lo cual obstaculiza la viabilidad de la implementación de acciones afirmativas por parte del Estado peruano.


¿Quién vela por ellas?


Se eligió el Perú como caso de estudio porque es el segundo país de acogida de la población venezolana después de Colombia, con más de 1.5 millones de migrantes presentes en territorio nacional, de los cuales 532 000 han solicitado la condición como refugiados (ACNUR, s.f.). De acuerdo con el INEI (2018), el 50,6% de la población refugiada reconocida son mujeres. 


Considerando este contexto, resulta pertinente analizar las diversas dimensiones en las que las mujeres refugiadas venezolanas padecen las asimetrías de género (Amnistía Internacional, 2021). Estas son la laboral, el acceso a servicios básicos como educación y salud y la disponibilidad de redes de apoyo. Estas tres dimensiones, aunque no las únicas, son consideradas prioritarias para el proceso de integración local al referir tres necesidades básicas: trabajo justo y digno para sustentarse económicamente, acceso a servicios básicos y derecho a la asociatividad y representatividad frente al Estado. Cabe mencionar que, la mayor parte de la data encontrada refiere a la situación tanto de migrantes como refugiadas venezolanas, ya que no hay una diferenciación concreta de su situación en los estudios encontrados. Sin embargo, la información es útil por los efectos estructurales de las asimetrías de género en cada dimensión. 


La primera dimensión es la laboral. Siguiendo estadísticas del PNUD, se sabe que en Venezuela las mujeres migrantes y refugiadas eran, en su mayoría, económicamente activas (70.8%) (2020). Sin embargo, este panorama cambió conforme llegaron al Perú. Muchas mujeres tuvieron que viajar con sus familiares, lo cual incluye niños y/o personas mayores o enfermas. Por ende, muchas mujeres venezolanas tuvieron que asumir el trabajo de cuidado, haciendo que 1 de cada 3 sea jefa de hogar sin apoyos extra (PNUD, 2020). Asimismo, la falta de apoyo para el cuidado las obligaría a renunciar a buscar o mantener empleos con horarios flexibles, lo cual abre paso a su exclusión del mercado de trabajo. De esta forma, su capacidad productiva termina siendo relegada en la esfera privada, aumentando las probabilidades de volverse personas económicamente inactivas, desempleadas o auto empleadas. 


Por otro lado, cabe mencionar que en el Perú las mujeres venezolanas perciben menores ingresos que los hombres venezolanos en un 30,0% (II ENPOVE, 2023) y el 89,4% trabaja sin contrato (INEI, 2018). (Asimismo, los trabajos en los que se desempeñan las mujeres refugiadas venezolanas son ocupaciones relacionadas al cuidado del hogar y a la preparación y venta de alimentos (INEI, 2022), evidenciando una división sexual del trabajo. De esta forma se evidencia que las asimetrías de género, junto con las dificultades que supone el desplazamiento forzado, aumentan la vulnerabilidad de las mujeres venezolanas. Se observa una jerarquía y menores oportunidades de autosuficiencia para las mujeres, dejando al descubierto su inseguridad económica.


La segunda dimensión refiere al acceso a servicios básicos educativos y de salud.La incertidumbre del proceso de regularización de documentos, la falta de información, las trabas institucionales y la discriminación son los desafíos para el desarrollo integral de este grupo social. Asimismo, el temos de que se les cuestione su condición de migrante también es un desincentivo para acudir a instancias del Estado para acceder a servicios públicos (Defensoría del Pueblo, 2021). En el sector salud, de acuerdo con los resultados del Proyecto Alma Llanera, solo las mujeres refugiadas con carnet de refugiado o extranjería pueden acceder a servicios de salud (CARE, 2021). Aquel hallazgo es problemático, ya que la falta de certeza sobre su situación migratoria afecta directamente su posibilidad de obtener atención médica, lo cual afecta negativamente la posibilidad de que mujeres se inserten en el mercado laboral. Asimismo, agudiza la situación de personas dependientes, generando mayores incentivos para que las mujeres sean las encargadas de su cuidado. 


En el sector educativo, de acuerdo con el último monitoreo realizado por la OIM, el 1.1% de la población escolar peruana son venezolanos, del cual el 54,0% son niñas (2020). Las principales barreras que enfrentan los niños refugiados venezolanos son la dificultad de encontrar cupos y vacantes, no contar con fondos para costear la educación privada, no contar con documentos de identidad o certificados de estudios necesarios para la matrícula y la discriminación (Barrenechea et al., 2020). Por otro lado, el 11.15% de las niñas y adolescentes venezolanas menores de edad están expuestas al trabajo infantil (ENPOVE, 2018). Por lo tanto, se observa que la precarización económica, los prejuicios y la debilidad institucional del Estado peruano no otorgarían las condiciones mínimas para el refugio justo y eficiente, asegurando el acceso diferenciado a la salud y educación de las refugiadas venezolanas. 


La tercera dimensión refiere a la disponibilidad de redes de apoyo disponibles para las refugiadas venezolanas. La seguridad comunitaria refiere al apoyo práctico de los grupos de un mismo grupo étnico o racial, lo cual incluye el derecho de asociatividad fundamental para la creación de vínculos de ayuda entre mujeres y niñas (PNUD, 1994). las redes de apoyo forman parte de las estrategias de supervivencia, aquello porque permite un espacio de vinculación para la protección comunitaria, familiaridad cultural y conocimiento de opciones de formación y trabajo (Barrenechea et al., 2020). En el Perú existen organizaciones venezolanas en territorio peruano, tales como Quinta Ola, Venezolanas Globales, Unión Venezolana y Haciendo Futuro, las cuales se dedican a generar redes comunitarias de apoyo laboral, protección frente a la violencia sexual y empoderamiento femenino (OVM, 2021; ACNUR, 2022). El caso de Quinta Ola es relevante, ya que es una asociación fundada por mujeres que busca velar por los derechos y empoderamiento de niñas, adolescentes y adultas venezolanas refugiadas y migrantes, desarrollando sus habilidades de liderazgo/comunicacionales/educativas, conectándolas con redes de apoyo y acompañándolas en su proceso de integración local. 


Aunque se valora la labor de estas organizaciones y otras redes de apoyo, aún es evidente una pérdida de asociatividad de las mujeres. Según la ENPOVE, el traslado ha reducido a la mitad el porcentaje de quienes participan en asociaciones o espacios de reunión de carácter comunitario (2018). Con limitadas redes de apoyo, las mujeres se ven forzadas a ejercer un rol protector que las puede llevar al aislamiento debido a la carga que supone el cuidado de personas dependientes en situación de vulnerabilidad (PNUD, 2020). De esta manera se merma su autonomía y posibilidad de obtener protección social, además de no contar con capacidad de interlocución y decisión. Aquello las vuelve sujetas despolitizadas, pasivas ante las condiciones precarias de los procesos de integración local, evitando que lleguen a la autosuficiencia y desarrollo integral de su seguridad. Afecta también las condiciones para su seguridad política, en tanto las deja desprotegidas ante violencia ejercida por otros individuos. Su atomización de la esfera política merma sus oportunidades de representación y movilización.


Conclusiones


En síntesis, a lo largo del presente ensayo han sido evidentes las distintas dimensiones en donde se presentan las asimetrías de género en el proceso de integración local de las mujeres refugiadas venezolanas. Debido a que muchas solicitudes permanecen paralizadas, muchas mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad para acceder a la protección por parte del Estado peruano. Ello se evidencia en el ámbito laboral, al ser desfavorecidas por la división sexual del trabajo. También en el acceso a servicios públicos de educación y salud, debido a las distintas trabas institucionales y altos costos para obtener atención de calidad. Y, finalmente, en la falta de redes de apoyo, lo cual ocasiona la afectación de su asociatividad y reconocimiento como sujetos políticos. El temor de regresar a Venezuela, junto con las dificultades adicionales para acceder a la justicia y protección, genera un callejón sin salida para estas mujeres. Es evidente que aún hay trabajo para consolidar el respeto de los mínimos indispensables para la seguridad humana de las refugiadas venezolanas, quienes permanecen a la expectativa de algún día reestablecer su situación.


Finalmente, es necesario el replanteamiento del significado de la seguridad humana desde una perspectiva de género. El caso de las refugiadas venezolanas evidencia un sistema patriarcal que afecta todas las esferas de la vida social de estas mujeres y una normalización del abuso sistemático que padecen. La precarización económica, la falta de acceso a servicios básicos, la nula representación política, la discriminación y la falta de garantías de justicia en general son factores subyacentes que contribuyen a aumentar la brecha para muchas mujeres y niñas venezolanas en el Perú. Existe respecto a ellas una percepción subyacente de inferioridad, legitimada desde el Estado y las dinámicas sociales cotidianas. Se espera que este ensayo de pie a mejores condiciones para que las refugiadas y migrantes venezolanas puedan lograr ser agentes de las condiciones de su propia protección. Sin embargo, el desafío es más profundo y requiere la deconstrucción de un sistema que organiza las relaciones sociales a partir de un prejuicio de género que es también xenófobo.


 

Referencias bibliográficas


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