A 20 años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: ¿Cuánto hemos avanzado en

En el presente año, específicamente el día 28 de agosto, se conmemoran veinte años desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante: CVR) al Estado peruano. Dicho informe, compuesto por nueve volúmenes, detalla de forma precisa el desafortunado período de violencia armada que tuvo lugar en nuestro país entre los años 1980 y 2000, marcando así un hito significativo en el proceso de reconstrucción de la verdad, la memoria y la necesaria protección de los derechos humanos a nivel nacional. En la actualidad, sigue constituyendo una tarea necesaria el poder reflexionar sobre la relevancia del Informe Final de la CVR y, simultáneamente, evaluar los progresos alcanzados por el Estado peruano en relación con las diversas recomendaciones establecidas en dicho documento.

En el presente año, específicamente el día 28 de agosto, se conmemoran veinte años desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante: CVR) al Estado peruano. Dicho informe, compuesto por nueve volúmenes, detalla de forma precisa el desafortunado período de violencia armada que tuvo lugar en nuestro país entre los años 1980 y 2000, marcando así un hito significativo en el proceso de reconstrucción de la verdad, la memoria y la necesaria protección de los derechos humanos a nivel nacional. En la actualidad, sigue constituyendo una tarea necesaria el poder reflexionar sobre la relevancia del Informe Final de la CVR y, simultáneamente, evaluar los progresos alcanzados por el Estado peruano en relación con las diversas recomendaciones establecidas en dicho documento.

Por todo lo anteriormente mencionado, en el presente artículo, se pretende resaltar la importancia del Informe de la CVR en el contexto de la reconstrucción de la verdad, la memoria y la justicia, así como analizar las recomendaciones del informe en relación con los avances estatales en materia de derechos humanos.

¿Cuánto hemos avanzado?

Según lo señalado por Sofía Macher, en términos generales, existe una sensación en nuestro país de que no se ha progresado significativamente en el cumplimiento de las recomendaciones planteadas por la CVR en su Informe Final. Desde mi perspectiva, la actual crisis política y social ha dejado en evidencia de manera contundente lo distantes que estamos de alcanzar una realidad nacional que priorice reformas urgentes, las cuales permitirían establecer, en primer lugar, un Estado de derecho efectivo que prevenga la violencia, la discriminación estructural y garantice la inclusión de todos nuestros conciudadanos en el proyecto del Estado-nación peruano y, en segundo lugar, un Estado peruano que se caracterice por el respeto, la protección y el compromiso con los derechos humanos.

En la actualidad, sigue siendo relevante considerar las 85 recomendaciones de la CVR no de forma aislada, sino evaluar su pertinencia en el contexto actual. Un contexto actual que se ha caracterizado por la vulneración de los derechos humanos por parte de agentes estatales durante las recientes manifestaciones, dejando a un gran número de familias sin la posibilidad de acceder a procesos judiciales que esclarezcan lo sucedido a sus seres queridos. En esa misma línea, un contexto marcado por un discurso institucional que justifica de forma consistente el actuar desproporcionado por parte de los agentes estatales al momento de reprimir las protestas. La vigencia del Informe Final de la CVR se mantiene y se refuerza al observar cómo ciertos patrones persisten hasta hoy. Pues, a pesar de que, desde la presentación del Informe Final, ha habido ciertos avances relativos en reparaciones, búsqueda de desaparecidos y conclusión de procesos judiciales, la lentitud y la desatención estatal que ha caracterizado estos procesos ha impedido que estas adquieran un verdadero carácter reparador.

En términos de reformas institucionales que hayan permitido abordar la discriminación y el racismo, es evidente hasta la fecha que el Estado peruano sigue perpetuando patrones racistas y discriminatorios. Esto se manifiesta de dos formas principales: 1) la actuación estatal varía significativamente dependiendo del origen étnico-racial de los grupos que requieren su atención, y 2) la represión se intensifica considerablemente hacia los grupos de origen regional étnico andino en comparación con otros que también forman parte del Estado peruano. En nuestro país se mantiene una convivencia racista que contradice las recomendaciones difundidas por el informe final de la CVR, lo cual nos invita a reflexionar activamente sobre cuánto hemos avanzado realmente en la construcción de un proyecto nacional consolidado que evite estas situaciones generadoras de una profunda desunión y un sentimiento de alienación respecto a un proyecto de desarrollo nacional colectivo.

En las últimas manifestaciones en contra del Gobierno actual, se ha podido evidenciar la manera en la cual la represión por parte de los agentes estatales ha sido completamente distinta en ámbitos de magnitud comparando a regiones del sur andino con la región de Lima. Es evidente, como mencionan los distintos informes presentados por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, entre otras instituciones internacionales y organizaciones, que la represión por parte de la Polícia Nacional del Perú y el Ejército es muy distinta en regiones del sur andino y Lima, pues la gran mayoría de presuntas ejecuciones extrajudiciales se han suscitado en regiones como Apurímac, Puno y Ayacucho. En ese mismo sentido, los medios de comunicación, de la mano de diversos actores estatales, han propagado discursos racistas y clasistas los cuales relativizan las demandas de distintos grupos sociales oriundos de regiones del sur andino peruano.

En esa misma línea, otro aspecto que nos permite reflexionar sobre el avance que ha tenido nuestro Estado en términos de protección a derechos humanos es la manera en la cual los diversos agentes estatales han reaccionado a las diversas movilizaciones que se han suscitado en los últimos meses. Como mencionan diversos organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, el Estado peruano, en las últimas manifestaciones en contra del régimen de Dina Boluarte, se ha caracterizado por un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza. De esta manera, se han evidenciado diferentes vulneraciones a los derechos humanos de los ciudadanos que ejercen legítimamente su derecho a la protesta. Sumado a ello, la respuesta por parte de las autoridades se ha caracterizado por la desatención a las demandas populares, esto se evidencia en el claro rechazo por parte del Congreso y el Ejecutivo a un eventual adelanto de elecciones o la renuncia de la actual mandataria Dina Boluarte. Esta situación ha dejado entrever que, si bien el Estado peruano ha mejorado exponencialmente en materia de protección a derechos humanos desde la presentación del Informe Final de la CVR, desafortunadamente, dichos avances no resultan suficientes en momentos de estallido social como los que se han ido presentando desde el golpe de estado perpetrado por Pedro Castillo.

Conclusión

En conclusión, se puede establecer que si bien el Estado peruano ha realizado esfuerzos necesarios para atender las diversas recomendaciones presentadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las diversas autoridades de turno y, asimismo, el boicot por parte de grupos en contra de una cultura de protección de derechos humanos no ha permitido poder alcanzar un nivel adecuado de preocupación y atención respecto a la creación de un Estado democrático de derecho comprometido con los derechos fundamentales de todas las personas dentro del territorio nacional. Sumado a ello, las movilizaciones de hoy en día han evidenciado que el compromiso por parte del Estado peruano con la creación de un proyecto nacional sin discriminación, represión y vulneraciones a los derechos humanos es endeble, pues estas se han caracterizado, como menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por claras muestras de racismo, uso desproporcionado y indiscriminado de la fuerza estatal y ejecuciones extrajudiciales.

En ese sentido, resulta necesario poder contribuir desde todos los sectores de la sociedad en la construcción de una cultura nacional de respeto a los derechos humanos. Respecto a ello, es importante hacerle frente a discursos que legitimen los abusos estatales y los mitos que buscan relativizar las demandas legítimas de la población. Finalmente, es fundamental recordar que la creación de una sociedad civil fuerte permite la creación de nuevos mecanismos de fiscalización a nuestras autoridades y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho que se caracteriza por la protección de las libertades individuales y colectivas de todas las personas, siempre atento de las diversas demandas ciudadanas y caracterizado por el compromiso con los derechos de todas las personas.