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Al negar a las mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, se perpetúa un sistema de opresión que castiga a las mujeres por no ajustarse a decisiones impuestas por el Estado o la sociedad.
La prohibición del aborto es una forma de violencia que afecta a todas las mujeres, pero recae de manera particularmente cruel sobre aquellas que cuentan con menos recursos. En un mundo que se esfuerza por avanzar en la igualdad de derechos, Carla Céspedes, asociada de LCP y Mayte Laura, comisionada de Género del Centro Federado de Derecho, nos cuestionamos lo siguiente: ¿Cómo es posible que millones de mujeres sigan sin tener control sobre sus propios cuerpos? ¿Cuántas vidas más deben ponerse en riesgo antes de que reconozcamos que las restricciones al aborto no solo son ineficaces, sino profundamente injustas?
Afecta, sobre todo, a las mujeres más pobres
La realidad es que las mujeres más pobres, aquellas que no pueden permitirse acceder a servicios médicos privados o viajar a países donde el aborto es legal, son las que pagan el precio más alto por estas políticas restrictivas. Estas mujeres, que viven en una situación de pobreza, son empujadas hacia métodos inseguros y clandestinos.
Las mujeres que recurren a abortos clandestinos no solo arriesgan sus vidas, sino que también enfrentan secuelas físicas y psicológicas que podrían haberse evitado con políticas más justas y humanas
De esta manera, no se trata simplemente de un problema de acceso a servicios de salud; estamos hablando de la negación de derechos fundamentales. Las mujeres, especialmente las más vulnerables, están siendo forzadas a enfrentar embarazos no deseados sin que se les ofrezca una salida segura. ¿Hasta cuándo más vamos a seguir sin ser libres? La capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos es un derecho básico, y cualquier ley que impida ejercer esa decisión no solo ataca la autonomía personal, sino que también perpetúa un sistema de control y opresión. Asimismo, el derecho a la salud, reconocido en tratados internacionales, está siendo violado de manera flagrante cuando se niega a las mujeres el acceso a un aborto seguro. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el acceso a servicios médicos de calidad que aseguren el bienestar físico y mental. De esta manera, las mujeres que recurren a abortos clandestinos no solo arriesgan sus vidas, sino que también enfrentan secuelas físicas y psicológicas que podrían haberse evitado con políticas más justas y humanas. ¿Cuántos más casos de mujeres que mueren o sufren consecuencias irreversibles debemos esperar antes de cambiar estas leyes?
Las mujeres más vulnerables están siendo forzadas a enfrentar embarazos no deseados sin que se les ofrezca una salida segura
Como la persecución del aborto perpetúa la desigualdad
De esta forma, se puede observar que las restricciones al aborto agravan las desigualdades sociales, afectando desproporcionadamente a las mujeres de bajos recursos. Aquellas que no tienen medios para acceder a abortos seguros son quienes sufren las peores consecuencias. Ante ello, el derecho a la igualdad, otro principio básico de los derechos humanos, es pisoteado cuando las leyes crean un sistema en el que las mujeres más vulnerables no pueden tomar decisiones sobre su vida reproductiva.
Derecho a la igualdad es pisoteado cuando las leyes crean un sistema en el que las mujeres más vulnerables no pueden tomar decisiones sobre su vida reproductiva.
Bajo esta misma línea, las leyes que prohíben el aborto no solo nos arrebatan el control sobre nuestros cuerpos, sino que también nos condenan a una realidad de desigualdad e injusticia. ¿Cuántas más vidas deben perderse antes de que se nos reconozca el derecho fundamental a decidir? ¿Cuántas más vidas en riesgo se necesitan para que se reconozca que estas políticas no protegen a nadie, sino que castigan a las más vulnerables? Al negar a las mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado de manera segura, se les está negando su derecho a la autonomía personal, a la salud y al control sobre sus propios cuerpos, lo que perpetúa un sistema de opresión y desigualdad que castiga a las mujeres por no ajustarse a decisiones impuestas por el Estado o la sociedad.
Perú sancionado por el Caso L.C.
Ante ello, cabe recordar que el Perú ha sido sancionado internacionalmente por su
constante rechazo a realizar abortos terapéuticos. Así tenemos casos emblemáticos como el caso L.C., revisado por el Comité CEDAW en 2011, y el de Camila, visto por el Comité de Derechos del Niño en 2023.
Un claro ejemplo de esta desigualdad e injusticia ocurrió en el año 2007. L.C., una niña de 13 años que vivía en el distrito de Ventanilla, de bajo nivel socioeconómico, quedó embarazada por uno de los múltiples abusos sexuales de los que fue víctima desde que tenía 11 años. Debido al alto nivel de estrés, se arrojó desde el segundo piso de una casa vecina, intentando acabar con su vida. Aunque sobrevivió, quedó paralizada del cuello para abajo y requería de una intervención quirúrgica urgente en su columna para recuperar la movilidad. Sin embargo, los médicos se negaron a realizarle aquella intervención porque estaba embarazada.
Debido al alto nivel de estrés, se arrojó desde el segundo piso de una casa vecina, intentando acabar con su vida. Aunque sobrevivió, requería de una intervención quirúrgica. Sin embargo, los médicos se negaron porque estaba embarazada.
Debido a la situación, L.C. solicitó un aborto terapéutico, ya que el embarazo representaba un riesgo para su salud física y mental. Ello, tanto por la afectación psicológica que supuso el abuso sexual y el embarazo, como por el impedimento que el embarazo representaba para realizar la intervención quirúrgica que le devolvería la movilidad de su cuerpo. No obstante, el hospital respondió negativamente a su solicitud y también le negó la operación para recuperar su movilidad, quedando paralizada.
De esta manera, enfrentó una grave violación a sus derechos a la libre discriminación en el acceso a la salud, a la vida en condiciones dignas y a no ser sometida a tratos inhumanos. Ello porque se le brindó mayor prioridad a sus funciones reproductivas que a su grave condición de salud, que enfrentaba paralizada (Promsex, 2018, p.23). Además, se le sometió a un trato inhumano al obligarla a una larga espera para determinar el destino de su salud y su posible recuperación, así como a llevar un embarazo indeseado, pese a que no quería ser madre y estaba autorizada a interrumpir ese embarazo.
El Caso de Camila: La Niña Indígena de 13 años
Por otro lado, un claro ejemplo sobre la importancia del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos ocurrió en 2017. Camila, una niña indígena de 13 años que vivía en un pueblo rural de la serranía peruana, quedó embarazada por parte de su padre, tras ser víctima de violencia sexual desde los 9 años. Ella manifestó desde el primer momento su negativa a continuar con el embarazo, pero el sistema de salud peruano la forzó a llevarlo a término sin informarle sobre su derecho al aborto terapéutico. Camila empezó a decir repetidamente que quería morirse y que se quitaría la vida si no terminaba con el embarazo. Como si esto no fuera suficiente, posteriormente sufrió un aborto natural y fue perseguida penalmente por "auto-aborto".
Camila empezó a decir repetidamente que quería morirse y que se quitaría la vida si no terminaba con el embarazo
Debido a ello, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2023), en el caso de Camila, determinó que el Estado peruano vulneró los derechos a la salud y a la vida de esta niña indígena, víctima de violación sexual por parte de su propio progenitor. Camila, junto a su madre, enfrentó dificultades para recibir atención médica. A pesar de que solicitaron el aborto terapéutico, no se les brindó respuesta ni se les informó sobre su derecho a una interrupción legal. Además, se revictimizó a Camila tras la denuncia por parte del Ministerio Público por el delito de auto-aborto (Defensoría del Pueblo, 2023).
Una Fecha para Reflexionar
En conclusión, la ausencia de un marco normativo claro que regule el procedimiento sanitario para la interrupción del embarazo produce un vacío legal sumamente preocupante en nuestra Ley General de Salud, ya que termina dependiendo de la discrecionalidad de los funcionarios de salud (Promsex, 2018, p.22). Este vacío legal y la falta de directrices claras permiten que se perpetúen barreras burocráticas, discriminación y prejuicios sociales, que obstaculizan a las mujeres el acceso a un aborto seguro.
Cómo las mujeres de bajos recursos son forzadas a enfrentar embarazos no deseados sin opciones seguras y cómo estas políticas restrictivas perpetúan un sistema de opresión y violencia
Asimismo, los casos de L.C. y Camila demuestran cómo las leyes restrictivas y la falta de acceso adecuado a servicios de salud no solo violan derechos fundamentales, sino que también exacerban la desigualdad social. Estas niñas fueron sometidas a tratos inhumanos y denegadas en su derecho a la salud, a la autonomía sobre sus cuerpos y a vivir una vida digna, simplemente por no contar con los recursos económicos y sociales para buscar alternativas. Ambos casos son ejemplos claros de cómo las mujeres de bajos recursos son forzadas a enfrentar embarazos no deseados sin opciones seguras y cómo estas políticas restrictivas perpetúan un sistema de opresión y violencia que afecta principalmente a las más vulnerables. Es indispensable, por tanto, que las políticas públicas garanticen el acceso a un aborto seguro y legal para todas las mujeres, sin importar su condición económica, para que puedan ejercer plenamente sus derechos y evitar que continúen ocurriendo estas tragedias.
Referencias
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. (2018).L.C. vs. Perú. Memoria del litigio. La disputa jurídica por el derecho al acceso al aborto de las niñas víctimas de violencia sexual. Lima, Promsex.
Defensoría del Pueblo. (2023, 14 de junio). Defensoría del Pueblo: decisión del Comité de los Derechos del Niño en «Caso Camila» obliga a Estado peruano a una atención integral de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-decision-del-comite-de-los-derechos-del-nino-en-caso-camila-obliga-a-estado-peruano-a-una-atencion-integral-de-ninas-y-adolescentes-victimas-de-violacion-sexual/
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