Durante las últimas décadas del siglo XX, el Perú se enfrascó en un Conflicto Armado Interno entre las fuerzas del Estado y grupos subversivos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación se encargó de investigar y esclarecer aquellos años de violencia en el país. En el Informe Final de la CVR, se encuentran los asesinatos atribuidos al comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco, en el cual se les atribuía la muerte de los lideres sindicales Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García. Antes del informe, ambos asesinatos estaban archivados y los responsables impunes. Es a partir del informe que el caso se reabre.
Vanesa Cantoral tiene 43 años. Estudia actualmente Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, previamente estudió Sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Me contó que, luego de 33 años, no esperaban nada del juicio dado ahora último en diciembre del 2022. Fue un proceso desgastante, mencionó. No obstante, afirmó que fue el fin de una etapa y que es gratificante que, a nivel judicial, se haya demostrado la existencia de un comando paramilitar durante el primer gobierno de Alan García. Para su familia, es difícil traducir esto como justicia, pero que ha sido políticamente importante porque ayuda a sentar un precedente de violación de DDHH por parte del gobierno aprista. Cuando se reapertura la investigación del asesinato de su padre, en el 2003, Vanesa siente que por fin su ciudadanía peruana es ejercida: “Yo sentí que la impunidad me quitó derechos y me impidió ser ciudadana de este país.”
La familia Cantoral es de Marcona, Ica. Aquel pueblo es un campamento minero. Ahí ha vivido la familia de Vanesa todos estos años. La minera que opera en aquel lugar ha pasado de dueño en dueño a lo largo de las décadas. De hecho, Vanesa describe la vida en un campamento minero con las divisiones sociales tan marcadas entre ejecutivos y obreros: “…había crecido en un sector en constante huelga, en constante reclamo por parte de los trabajadores y encima vives en una ciudad estratificada [el campamento minero]. Entonces, tu concepción del Perú era de un país estratificado”.
No obstante, tras los últimos acontecimientos en el Perú, Vanesa reafirma haber notado vestigios y remanentes de aquella formación paramilitar en nuestras instituciones policiales. Vanessa comenta: “El ver que el otro reclama como [a un] enemigo político. El ver que el otro que reclama no tiene ningún derecho” “A diferencia de los gobiernos de Alan García o Fujimori ese objetivo no está claro [hoy]. Esos otros pueden ser cualquiera. Basta que me reclames algo para sentir que eres un enemigo público. Eso es lo que yo siento que ha quedado luego de esos años.”
Saúl Cantoral fue secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores mineros y Metalúrgicos del Perú. El 17 de julio de 1988 inició la I Huelga General Nacional de trabajadores mineros. La huelga concluyó el 16 de agosto de ese año. Según el gobierno se perdieron 120 millones de dólares.
En una mina de tajo abierto como lo es Marcona, menciona Vanesa, la demanda principal era la del aumento de sueldos. En ese entonces, la mina estaba a manos del Estado en medio de una fuerte crisis económica, producto de las malas políticas durante el primer gobierno del aprismo. Sin embargo, en minas de socavón, las demandas más levantadas eran de un seguro contra accidentes fatales y mejores condiciones laborales, puesto que la esperanza de vida era paupérrima. Estos puntos son importantes de tener en cuenta para reconocer que las realidades varían según la mina y, es por ello por lo que, el movimiento minero logró capitalizar la indignación de los obreros en aquellos años. “En este contexto, la lucha de mi papá era eso. Era conseguir lo mínimo de derechos y de una vida digna para trabajadores mineros que tenían condiciones adversas ellos y sus familias”, recuerda Vanesa.
Vanesa me ayudó a resaltar un dato: como es que, tanto en esas grandes huelgas nacionales como hoy en día, las élites económicas siguen usando el mismo discurso varias décadas después. Me comentaba cómo es que veías los pronunciamientos desde el Estado enfatizando las pérdidas económicas que generaban los paros de obreros mineros en vez de entrar en el debate de poner a discutir las demandas de los trabajadores.
“De acuerdo a las mismas versiones del gobierno, es que diariamente se está perdiendo 5 millones de dólares por importación, por divisas. Y esto (…) somos conscientes, no nos alegramos, pero no solamente el Estado pierde, sino que los trabajadores se sacrifican” Saul Cantoral en entrevista Wilfredo Pozo Campos. (2016). Huelga Nacional Minera Saul Cantoral [YouTube Video]
Desde la experiencia de los 33 años en espera de una sentencia por el asesinato de su padre, Vanesa confirma que a pesar de ello siempre se sintió viviendo en una democracia, donde no que se sentía ciudadana. Ella sentencia: “Al fin y al cabo es nuestra democracia ¿no?”.
Cerrando la entrevista, Vanesa comenta sobre cómo es que los años de violencia disminuyeron el rol político en la sociedad de los sindicatos. “Los sindicatos eran actores políticos antes de que llegara toda esta ola neoliberal de violencia que sindicó a los sindicatos como extremistas, grupos terroristas o grupos subversivos” “Son importantes porque es una voz válida (…) ¿Cómo hacer que recuperen este espacio? Es un desafío para todos.”
En un estado de derecho, en busca de la construcción pluralista de su nación, la libertad del debate y el que todos los actores se puedan sentir escuchados es crucial para iniciar el diálogo en toda democracia para fortalecerla y defenderla. Con todo esto, la experiencia que nos dan estas vidas dedicadas a la lucha es que siempre habrá quienes apostarán que si es posible lograr el cambio incluso en las situaciones más adversas. Una sociedad democrática no lo es sin sus sindicatos, sin los movimientos sociales que representan las necesidades de una sociedad en su contexto. La ciudadanía y los derechos que se alcanzan son vividos y constantes. Siempre se estará en permanente lucha por ellos. Es lo que Saúl Cantoral me enseñó para la construcción de una democracia que permita a la periferia debatir contra el centralismo.
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