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Esta columna resalta las consecuencias negativas de la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el contexto político actual. Se argumenta que esta reforma, impulsada por el Congreso, menoscaba la participación ciudadana, favorece el centralismo en los partidos políticos y fomenta la proliferación de partidos “cascarones”, lo cual afecta la calidad democrática y legitimidad electoral. A pesar de la posible ratificación legislativa, se subraya la importancia del papel activo de los electores como elemento fundamental para la preservación de la democracia.
Pareciera que el objetivo más inmediato de nuestro actual Congreso es deshacer las pocas reformas que proponían asegurar, por lo menos para el año 2026, unas elecciones más legítimas y democráticas. En efecto, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) es parte de las cuestionadas reformas del legislativo y son un reflejo de que los partidos políticos, al contrario de lo que se dice en teoría, no buscan canalizar las demandas de la ciudadanía hacia el Estado. Contrariamente, estas organizaciones políticas persiguen reglas del juego personalísimas e independientes de cualquier acto de voluntad popular.
El pasado 14 de diciembre, el Congreso de la República decidió, en primera votación, de que las PASO no resultaban beneficiosas para los partidos políticos. En cambio, se argumentó que su eliminación promovería el fortalecimiento de los mismos. De este modo, la única modalidad establecida para las elecciones primarias quedó sin efecto y, para las próximas elecciones generales, ningún ciudadano está obligado a votar por aquellos que aspiran a ocupar cargos de poder en la alta esfera institucional. Ante la ausencia de la participación directa y obligatoria de los ciudadanos en la elección de los candidatos, surge la pregunta: ¿Es la legitimidad y el fortalecimiento partidario el principal objetivo de esta reforma?
En primer lugar, considero que esta modificación carece de objetivos democráticos a largo plazo, pues permite que las organizaciones políticas continúen eligiendo arbitrariamente a sus candidatos sin tomar en cuenta la participación de todos los ciudadanos. Independientemente de estar afiliados o no a un partido político, los ciudadanos también poseen una opinión sobre los políticos que figuran en las listas partidarias. De modo que, la eliminación de las PASO representa un detrimento para la reforma política, ya que ignora la exigencia generalizada de los ciudadanos de contar con mejores candidatos que presenten ideas y propuestas viables. La ventaja de la reforma anterior radicaba precisamente en fomentar la responsabilidad del ciudadano en la elección de su candidato. Así, la realización de este primer filtro suponía que los ciudadanos estén mejor informados sobre los candidatos que pasaron a segunda vuelta y, sobre todo, participen activamente en la arena política del país.
En segundo lugar, una de las modalidades propuestas en la nueva reforma legislativa permite que los partidos políticos opten por realizar sus elecciones internas a través de delegados, quienes son elegidos de acuerdo con las normas internas de cada partido. Esta disposición favorecerá principalmente a las cúpulas partidarias, ya que mantendrían un control cerrado y exclusivo en el proceso electoral interno. En consecuencia, la ausencia de las PASO reintroduce el centralismo en las elecciones internas de los partidos, un problema que la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política intentó erradicar en 2019. Considerando que cada partido establecerá sus propias normas, existe la posibilidad de que se lleve a cabo una elección irregular de delegados por parte de la élite partidaria, conformada, por ejemplo, por los dueños del partido. Al final, serán los dirigentes de la organización quiénes decidirán la conformación de la lista, excluyendo a aquellos militantes que, a pesar que cuentan con proyectos políticos sólidos, carecen del suficiente respaldo económico.
En tercer lugar, esta reforma permite la proliferación de partidos “cascarones”, los cuales podrían obtener un bajo apoyo electoral en los primeros comicios y, de esta manera, fragmentarían el voto con consecuencias graves para una segunda vuelta. Actualmente, 25 partidos políticos cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y nueve organizaciones están en proceso de inscripción. En ese sentido, en unas próximas elecciones, podríamos tener más de 30 partidos políticos en contienda. Así, si ya resultó complicado aceptar en las elecciones de 2021 que dos partidos con menos del 20% de aprobación llegaran a segunda vuelta, es muy probable que, en ausencia de filtros normativos como las PASO, nos acostumbremos a obtener resultados similares.
Las PASO eran el filtro para evitar que los partidos que no alcanzaran al menos el 1.5% de la valla electoral en las elecciones primarias no estuvieran habilitados para participar en la elección general. De hecho, la reforma anterior permitía que las listas partidarias más respaldadas por la ciudadanía avanzaran a los siguientes comicios, evitando así que el posible candidato que llegara a ocupar la Presidencia de la República tuviera un bajo nivel de aprobación.
En conclusión, se ha desmantelado una de las reformas más necesarias para fortalecer la democracia e institucionalidad en nuestro sistema electoral. Suspendida en dos ocasiones debido a la pandemia de la COVID 19 y la deficiente gestión de los organismos electorales, las PASO fueron eliminadas sin ser implementadas. Aunque el dictamen que plantea la eliminación de las PASO ya ha sido aprobado, aún está pendiente una segunda votación para ratificar la medida. No obstante, todo apunta a que el legislativo volverá a respaldarla.
Debido a la probable baja calidad de los candidatos que enfrentaremos en las próximas elecciones, la solución a corto plazo radica en la información que cada uno de nosotros debe investigar para tomar decisiones responsables sobre por cuál candidato votar. Reconozco que esta solución puede parecer idealista y que las opciones de candidatos no siempre serán las más capacitadas. Sin embargo, nuestra clase política debe recordar que, a pesar de los cambios legislativos que realizan para satisfacer intereses particulares, los electores somos quienes tenemos la última palabra.
Referencia bibliográficas:
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