Encubrimiento y poder: el caso Lizeth Marzano

Introducción

En la madrugada del miércoles 18 de febrero, la campeona nacional Lizeth Marzano trotaba en los alrededores del Lima Golf Club, como parte habitual de su rutina, cuando Adrián Villar la atropelló provocando su muerte. 

Este caso, lejos de pasar desapercibido como sucede con la mayoría de accidentes de tránsito en el Perú, generó conmoción nacional debido a los intentos de encubrimiento por parte de la familia de Adrián Villar, entre ellos, la periodista Marisel Linares y su hasta entonces pareja, Francesca Montenegro. Asimismo, se cuestiona el papel de la fiscalía y la PNP en las investigaciones y captura del implicado. Las circunstancias expuestas nos hacen preguntar lo siguiente: ¿El acceso a la justicia es igual para todos? ¿Hasta qué punto la desigualdad jurídica en el Perú ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones? ¿Qué papel cumplen las redes sociales y la presión ciudadana para que las autoridades actúen conforme a sus atribuciones? 

Lo sucedido en torno a la muerte de Lizeth Marzano expuso las grietas de la sociedad peruana y el trato diferenciado que uno puede recibir por parte de las autoridades según el tipo de influencias que uno puede poseer, no se trata de un hecho aislado, por el contrario, es la continuación de una regla que se ha venido replicando en nuestro país a lo largo de su historia.

La desigualdad jurídica y la revictimización

En los últimos años, la legitimidad de las autoridades jurídicas peruanas se ha visto fuertemente socavada por los múltiples escándalos de corrupción y la sensación de abandono por parte de la ciudadanía. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades realizada en 2024, el 88% de personas encuestadas opina que el acceso a la justicia en el Perú era muy desigual o algo desigual (Oxfam, 2024). Asimismo, “el 69% de personas encuestadas cree que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país, mientras que 9 de cada 10 piensa que el Perú está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” (Oxfam, 2024). Esta ausencia de legitimidad está estrechamente ligada a la percepción de desigualdad existente en el Perú y la experiencia ciudadana con las autoridades judiciales.

En el caso de Lizeth Marzano, la desconfianza en las autoridades se ha visto materializada por la presión ciudadana ejercida en redes sociales debido a la falta de iniciativa del poder judicial. Pásara (2019) indica que este tipo de casos refuerza la percepción generalizada que se tiene sobre el sistema judicial peruano calificandose generalmente como corrupto, ineficiente y carente de reformas efectivas que brinden protección a los ciudadanos y no perpetúen las brechas sociales. Las irregularidades presentes como la negligencia policial al no detener a Adrian Villar cuando los agentes ingresaron a la casa de la familia de Francesca Montenegro, pese a que ya se tenía conocimiento de la muerte de Lizeth Marzano, y el registro de las camaras de seguridad de la municipalidad de San Isidro en el que se evidencia la presencia de Adrian rodeado de su familia horas después del accidente, revelan como se ha tratado de obstaculizar a la justicia inclusive en complicidad con las mismas autoridades. 

El rol que cumple este caso en evidenciar los desperfectos de nuestro sistema es claro, ya que se expone como el responsable de la muerte de Marzano utiliza todos los medios a su disposición inclusive si estos pueden llegar rozar con lo ilegal y la utilización de influencias. Ayer por la noche en un reportaje de Cuarto Poder se publicaron conversaciones que tenía Adrián con su novia, en el que ella le ofrecía facilitarle el contacto de los “peces gordos” de su madre, Alessandra De Negri, directora y gerente comercial de Hanseática. Este término coloquial, muy popular en Latinoamérica, no pasa desapercibido considerando que usualmente se aplica para referirse a personas con autoridad, influencia o que poseen un poder económico significativo (Elizalde, 2024). Así, el reportaje en Cuarto Poder revela la falta de humanidad del entorno de Adrían Villar, que –en vez de preocuparse por el estado de salud de Lizeth o responder a las autoridades– buscaba evadir cualquier responsabilidad e intento de solidarizarse o pedir perdón a los familiares de la víctima. 

Lo cierto en este caso es que si bien las investigaciones continúan en proceso, también expone otra realidad muy pocas veces visibilizada en televisión nacional, que el acceso a la justicia no es igual para todos. La familia de Lizeth Marzano demostró que no abandonarán su búsqueda para encontrar justicia y hacer que tanto Adrían Villar como los allegados que trataron de encubrirlo respondan ante la ley. Afortunadamente, cuentan con los recursos y predisposición para continuar en su lucha, pero la realidad de muchas familias en el Perú es muy compleja. El artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú indica expresamente que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivo de raza, sexo, origen o condición económica. No obstante, la justicia ciega o neutral es inexistente en nuestro país si no consideramos que su realidad jurídica se ve sujeta a elementos externos como la capacidad económica, factor que en el sistema jurídico peruano cobra mucha relevancia debido a los costos que implica participar ella, desincentivando a muchas familias. Según Pásara (2019) ello se debe a que los costos de continuar en un proceso “representan una verdadera barrera para las personas de bajos recursos, quienes se ven obligadas a elegir entre abandonar el litigio, contratar un abogado sin garantías de éxito, o tomar la justicia por sus propias manos”. En ese sentido, no se puede afirmar que el acceso al sistema judicial peruano es igual para todos debido a los costos y obstáculos definidos por la capacidad adquisitiva, circunstancias que pueden llevar a la revictimización de los denunciantes

La mediatización del caso Lizeth Marzano como mecanismo de presión para las autoridades

Cuando el sistema judicial por sí mismo no funciona, la existencia de medios de comunicación, como la televisión y redes digitales, sirve como un mecanismo para generar presión a las autoridades y al sistema judicial.

El involucramiento de la periodista Marisel Linares fue uno de los principales motivos que impulsó la mediatización del caso de Lizeth Marzano, puesto que el vehículo con el que se dió el accidente era de su propiedad. Sin embargo, los intentos de hacer pasar por impune el delito incrementaron el repudio de la población que a través de redes sociales realizó campañas para visibilizar las irregularidades y señalar a los cómplices que trataron de proteger a Adrian Villar. Este caso se enmarca dentro de lo que Scopazzo (2025) describe como la democratización de los espacios públicos debido a que el uso de las tecnologías permitió la interconexión, dando “voces a quienes han sido silenciados por cuestiones culturales, políticas o de otra índole, así como visibilizar acontecimientos de injusticia que, de otro modo, no se podrían conocer y remediar”.  La cobertura mediática del caso Lizeth Marzano por diversos programas periodísticos (Cuarto Poder, Panorama y Punto Final) e inclusive del espectáculo (Magaly TV) que revelaron detalles sobre el encubrimiento antes que la policía, refleja la importancia que tienen los medios de comunicación en presionar a las autoridades y visibilizar su ineficacia cuando los implicados son de “alto perfil”.

Cuando el caso no es la excepción si no la regla

Lo sucedido en torno a la deportista no es la excepción si no la regla. El caso de Eddu Saettone y Gonzáles Gagliuffi son otros accidentes que se volvieron emblemáticos debido a las polémicas sentencias que recayó sobre cada uno ellos.  Esto nos hace cuestionar sobre qué tan eficiente es el sistema jurídico peruano para impartir justicia y condenar acorde a la gravedad de los hechos delictivos.

Melisa Gonzales Gagliuffi era una economista que se desempeñaba como analista senior de tesorería de una empresa de telecomunicaciones cuando atropelló a tres ingenieros de los cuales dos murieron en el acto. De acuerdo con Infobae (2023) la implicada fue declarada culpable de la muerte de Joseph Huashuayo Tenorio y Christian Buitrón Aguirre, recibiendo 6 años de prisión efectiva. Sin embargo, esta pena fue modificada por prisión domiciliaria y sujeta a grillete electrónico. 

Asimismo, Edu Saettone fue un conocido músico y conductor de radio y televisión hasta que en el 2012 atropelló a María Elena Colorado, provocando su muerte días después. En vez de participar en las diligencias y asistir a los juzgados estuvo prófugo hasta el 2018, para que solo estuviese preso por tres meses y se le impusiera cuatro años de prisión suspendida y más 300 000 soles de reparación civil (La República, 2023). Sin embargo, volvió nuevamente a la conducción radial en 2023.

Conclusión

En síntesis, el caso Lizeth Marzano revela dos hechos muy importantes: la importancia de la presión mediática para que las autoridades actúen como les corresponde, y la desigualdad jurídica en el Perú. El actuar de Adrian Villar y sus allegados es una manifestación de como en el Perú cuando personas con “alto perfil” se ven envueltas en un acto delictivo, las autoridades actúan de manera negligente y se pierde la humanidad con el fin de hacer predominar el interés propio. La enseñanza que nos deja la muerte de Lizeth es que en el Perú es necesario aprender que cuando cometemos un acto delictivo, sea por accidente o dolo, uno tiene que hacerse responsable y responder a las autoridades porque detrás de cada víctima hay una familia que no volverá a ver a su ser querido. 

Referencias:

Diario Constitucional. (2025, junio 23). La justicia no debe seguir al trending topic: redes sociales y juicios paralelos. Diario Constitucional. https://www.diarioconstitucional.cl/2025/06/23/la-justicia-no-debe-seguir-al-trending-topic-redes-sociales-y-juicios-paralelos

Elizalde, C. (2024, septiembre 19). “Ser un pez gordo”: Conoce el origen y significado de esta expresión. El Imparcial. https://www.elimparcial.com/locurioso/ser-un-pez-gordo-20240919-123.html

Infobae. (2026, febrero 26). Lizeth Marzano y los siniestros que marcaron al país: los casos Edu Saettone, Melisa González e Ivo Dutra. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2026/02/26/lizeth-marzano-y-los-siniestros-que-marcaron-al-pais-los-casos-edu-saettone-melisa-gonzalez-e-ivo-dutra

La República. (2023, septiembre 5). Edu Saettone: ¿quién es y por qué se volvió tendencia tras anunciar su regreso a la radio? La República. https://larepublica.pe/espectaculos/farandula/2023/09/05/edu-saettone-quien-es-y-por-que-se-volvio-tendencia-tras-anunciar-su-regreso-a-la-radio-loco-wagner-prision-preventiva-347810

Oxfam Perú & Instituto de Estudios Peruanos. (2024, agosto 7). ENADES 2024: Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades. Oxfam en Perú. https://peru.oxfam.org/ENADES-2024

Pásara, L. (2019). De Montesinos a los Cuellos Blancos: La persistente crisis de la justicia peruana, Lima, Planeta.

Scopazzo, T. M. (2025, febrero 7). Las redes sociales como instancia jurisdiccional: un problema para el garantismo. LegalToday. https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/las-redes-sociales-como-instancia-jurisdiccional-un-problema-para-el-garantismo-2025-02-07

Silva Herrera, G. A. (2023). La influencia de las redes sociales en el sistema judicial. Estudios y Perspectivas. Revista Científica y Académica, 2(1), 1–26. Recuperado de https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/view/7