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De viajes y vacíos: El ausentismo de César Acuña y la fragilidad estatal peruana

“Por detestables que sean los gobernantes, nunca son peores que cuando no gobiernan.” (Ingenieros, 1913) 

La legitimidad debilitada del Estado y la desconfianza casi genética que despiertan sus instituciones en el peruano de a pie son monedas tan corrientes que, por su longevidad histórica, podrían reemplazar sin escándalo a los próceres en la numismática nacional

Esta crisis de confianza institucional es engendrada por la desconexión entre autoridades y ciudadanos, y el subsecuente debilitamiento gubernamental y pérdida de autoridad que supone una figura de representación ausente. El presente artículo buscará analizar estas problemáticas en base al caso Acuña y, en último término, sugerir alternativas que permitan reconstruir un marco de certidumbre general. 


Darle la vuelta al mundo


La sospecha permanente de la ciudadanía hacia sus gobernantes puede aún agravarse —como si ya no estuviéramos en el fondo— cuando conductas como las de César Acuña engrosan el prontuario simbólico del descrédito político. En un informe reciente del periodista Zambrano (2025) para el semanario Hildebrandt en sus trece, se ha revelado que el actual gobernador de La Libertad suma la modesta cifra de 101 días en el extranjero y 20 días adicionales de licencia sin goce de haber en su cargo.  


Es decir, en su condición de flamante Gobernador Regional, jurado por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios, el Ing. Cesar Acuña Peralta extrañó suelo liberteño (y peruano) por más de tres meses desde que asumió en enero de 2023, dejando a cargo a su Vicegobernadora, Joana Cabrera. 


Desconexión frente a crisis regional


Al margen del probable causal de vacancia que una ausencia en prolongada como esta supone, en violación a lo establecido por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y las varias justificaciones que Acuña presentó para las licencias que se le otorgaron, esta situación pone de relieve las consecuencias de la desconexión entre la clase política y las necesidades urgentes de la población.


Según un informe del INEI interpretado por Valencia del IPE (2024), para finales del año pasado “una de cada cuatro personas adultas en esta región [La Libertad] ha sido víctima de algún delito.” (pár. 1). Luego, es comprensible que una cifra tan alarmante como esta indigne al ciudadano liberteño que, habiendo experimentado o no cualquier ilegalidad, se dirija hacia las autoridades competentes y lo que encuentre sea una gobernación a medias.


El gobierno regional de La Libertad no queda en lo absoluto exento de esta teoría. Aunque sería impreciso relacionar directamente las prolongadas ausencias de César Acuña con el desborde de criminalidad en la región, sí es dable argumentar que las organizaciones criminales se han fortalecido al tiempo que el gobierno liberteño ha ido cediendo espacios en su alejamiento. Resulta irónicamente redondo que los viajes constantes de Acuña no solo reflejen una causa estructural, sino que encarnan una metáfora perfecta del abandono estatal que históricamente azota a las provincias del Perú

Un estudio de 2024 para la revista Comparative Political Studies por Dow et al (2023), basándose en ejemplos similares de ausentismo estatal en América Latina, propone que escenarios como este fomentan la emergencia de actores que, sin ser necesariamente legales, logran legitimarse al suplir funciones básicas del Estado, especialmente en seguridad. El ejemplo más ilustre de que esto sucede en el Perú, en el plano aún legal, son las rondas campesinas o, más atrás, los comités de autodefensa, formados en su mayoría por los absentismos del Estado peruano en las regiones (labor que corresponde a los Gobiernos Regionales). En el plano internacional, los cárteles en países como México, que se han hecho con la tenencia arbitraria y violenta del 40% de estados en el país por la poca o nula presencia estatal (El Universal, 2023). Estos datos reflejan que las consecuencias del absentismo estatal representan un patrón particular, y que ejemplos internacionales pueden ser aplicados para entender la actualidad o los posibles devenires locales. 


El trono vacío en la tierra del plomo


Este debilitamiento en la legitimidad del Gobierno regional encarnada en la figura del burgomaestre, expresada en un inocuo 12% de simpatía a nivel nacional para César Acuña (IEP, 2024), consecuencia de un liderazgo laxo, puede traducirse en un desgaste profundo de la autoridad gubernamental y en la consiguiente incapacidad de garantizar la seguridad ciudadana.


En ese sentido, Bennister et al (2017) desglosa ciertas conclusiones al respecto del intrigante concepto del “Índice de Capital de Liderazgo” (LCI, por sus siglas en inglés), señalando que este “índice” ─una matriz sencilla de diez puntos─ “permite explorar cómo las competencias, las relaciones y la reputación crean, construyen o erosionan la autoridad.” (p. 279). Más allá de la utilidad obvia del LCI en investigaciones en ciencias políticas, se recalca una clara conexión entre la reputación y las relaciones (en este caso, con la propia ciudadanía) para mantener la autoridad y, por exportación, la solidez y funcionalidad de un gobierno.

Y si un gobierno regional falto de una legitimidad sólida, que además cae en el vicio de distanciarse de sus ciudadanos al desinteresarse por las urgencias que les acucian, pierde autoridad frente a organizaciones criminales de toda índole, ¿No nos lleva esto, naturalmente, a pensar en la reciente masacre en Pataz, como una consecuencia no sólo de actividades mineras turbulentas, sino de un Gobierno Regional endeble y con una evidente carencia de liderazgo real? 


Si un Estado civil, expresado regionalmente, pierde la potestad de garantizar lo que Thomas Hobbes llamaría la salus populi (seguridad popular), luego tiene asidero imaginar que quizás el Gobierno Regional carece, adrede o por ineptitud, de más agencia que la propia organización ciudadana o criminal, lo cual es lo mismo que un agravio a la soberanía misma del Estado en su conjunto.


Reivindicar lo público

El caso Acuña revela que la nación peruana permanece asfixiada por una profunda crisis de legitimidad y desconfianza hacia su clase política, que pareciera perpetuarse por la evidente percepción de desconexión entre autoridades y ciudadanos exacerbada por los ausentismos de figuras importantes. Como resultado de estos absentismos, el liderazgo gubernamental se ve mellado y pierde la autoridad que le permite garantizar la seguridad popular en su territorio. 


En ese sentido, valdría proponer un estudio estructural de las causas de la desconfianza, desde un enfoque holístico, que garantice la comprensión de las brechas entre la clase política y la población en su conjunto, y que, posteriormente, permita construir puentes que fomenten el diálogo entre estos actores sociales que, por definición, no deberían separarse. Un abordaje de este estilo implicaría desvincularse de determinismos históricos que han orientado al peruano a desconfiar de sus autoridades y, como última consecuencia, alentar a la participación política y a la protección del sistema democrático actual. 

Y, quién sabe, tal vez algún día nuestros políticos descubran que la legitimidad se alimenta del vínculo con lo cotidiano.


Referencias:




 
 
 

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