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“Gobernaré hasta el 28 de julio de 2026”: El destino incierto de la primera mujer presidenta de Perú

Michael Encalada y Camila Lira

Tras el fallido intento de golpe de estado del ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, asumía la presidencia de la república Dina Boluarte. El país asistía a la juramentación de una mujer frente al cargo político más importante de la Nación. Todo ello, a puertas de las más intensas movilizaciones sociales en varias regiones del país, que han dejado más de 20 fallecidos y cientos de heridos, entre civiles y efectivos de las fuerzas del orden. Aunque el momento pareciera prematuro, en este texto queremos brindar un preliminar balance histórico de la llegada de una mujer al cargo de presidenta y sortear escenarios de su posible futuro gobierno transitorio.


Discurso por el aniversario de la batalla de Ayacucho

200 años de independencia: nuestra primera presidenta mujer


Con justa razón, la mayoría de medios de comunicación han enfatizado el hecho de que nuestro país tiene, por primera vez, una mujer a la cabeza del Poder Ejecutivo. Pero, ¿constituye este un hito en la historia política de las mujeres en el Perú? ¿Tiene alguna implicancia simbólica su llegada al poder? Sostenemos que su figura como presidenta no es un hito histórico en sí mismo. Primero, Boluarte llegó al poder en función de su relación política con Pedro Castillo. Segundo, no tiene la posibilidad de hacer grandes cambios progresistas con impacto político y simbólico en el feminismo peruano puesto que es parte de un gobierno transitorio sumamente débil. Además, su postura en temas de género es conservadora y desde su llegada al poder viene instrumentalizando reivindicaciones sociales feministas y étnicas.


Sin embargo, la figura de una mujer de provincia en un cargo tan importante como lo es la presidencia es signo de los avances que se han producido en el lento proceso de incorporación de las mujeres a la política y en la pluralidad de la misma. En principio, como breve repaso biográfico, Dina Ercilia Boluarte Zegarra nació en 1962 (60 años) en la ciudad de Chalhuanca, Apurímac, en una familia de 14 hermanos. Se trasladó de joven a Lima para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres. En esta casa de estudios realizó una maestría en Derecho Registral y Notarial. También cuenta con diplomados en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Desde 2015, trabajó como jefa encargada de la Oficina Registral, cargo al que renunció en 2022. En julio de 2021 fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo en el cual se mantuvo, a pesar de los constantes cambios de gabinete, hasta el 2022. Actualmente es presidenta del Club Departamental de Apurímac y vicepresidenta de los Clubes Departamentales del Perú.


Ya en el gobierno, el principal objetivo de Boluarte será la pacificación del país y lograr su permanencia en el cargo, lo cual, como veremos, resulta sumamente complicado. En ese sentido, no tiene ni el tiempo ni el margen de acción necesario para promover una agenda progresista en materia de género. Así Boluarte tuviera ventanas de oportunidad políticas para impulsar cambios sustantivos progresistas, su postura conservadora en temas sociales nos indica que no impulsaría este tipo de políticas. Este pensamiento ha quedado reflejado en su participación en un partido político conservador y machista como Perú Libre y en su complacencia frente a las múltiples declaraciones machistas de Pedro Castillo. Entonces, a diferencia de otros casos latinoamericanos como el de Bachelet, Dilma Rouseff, Violeta Barrientos o Cristina Kirchner, no se puede hacer un balance del impacto político o simbólico de su gestión.


Además, hemos visto con indignación la forma en que Boluarte ha instrumentalizado la lucha feminista y la lucha de pueblos indígenas para justificar las matanzas perpetradas por las fuerzas de orden durante su mandato. En la entrevista que tuvo con Mónica Delta señaló que las personas protestaban por su renuncia debido a que era mujer. No solo eso, también pronunció ciertas palabras en quechua para intentar construir una identidad indígena. Asimismo, en la última conferencia de prensa, nuevamente hizo énfasis en su posición de mujer para atacar los legítimos cuestionamientos realizados contra su pésima gestión de la crisis: “no al machismo y por eso quiero que trabajemos frente a esa violencia machista que quiere que renuncie Dina Boluarte, ¿por qué? ¿porque soy mujer?”. Esta suerte de “feminismo indígena” es una lamentable instrumentalización de la conciencia de género en un país con altos niveles de violencia machista, acoso político contra las mujeres, feminicidios, entre otros.


Mujeres indígenas piden renuncia de Dina Boluarte

Boluarte no se ha convertido en presidenta en base a un liderazgo político autónomo que haya tenido impacto en la población. Ella se postuló a las elecciones en el cargo de vicepresidenta como parte de una plancha presidencial encabezada por un hombre, Pedro Castillo. Incluso, no es una figura con una trayectoria política popular ni relevante. De hecho, tuvo dos intentos fallidos de postulación a cargos políticos: como candidata a la alcaldía de Surquillo (2018) y a congresista (2020). Asimismo, su actual gestión no muestra una intención de construir una figura independiente puesto que se escuda en la policía y fuerzas armadas en vez de emprender una estrategia política que le permita mantenerse hábilmente en el poder.


La forma en que Dina Boluarte ha entrado al poder se corresponde con un patrón, existente en múltiples sociedades incluyendo la peruana, aún vigente en la política de las mujeres: ingresar a la política en función de tu relación con un hombre. Este mecanismo puede impulsar sus carreras políticas solo en sus inicios o puede ocurrir que su figura siempre se defina por su relación con un hombre. Sobre el primer grupo, un claro ejemplo ha sido Zoila Aurora Cáceres, quien inicialmente ingresó al mundo de la política y la literatura en función a su relación con dos figuras masculinas. Empezó a ser conocida en la política principalmente por ser hija de Andrés Avelino Cáceres, héroe de la Guerra con Chile y presidente de la República. Otra figura que la incorporó a círculos políticos y literarios internacionales fue su esposo, Enrique Gomez Carrillo. Posteriormente, su valentía y vehemencia en la lucha por el sufragio femenino la llevó a ser recordada como una figura clave en el sufragismo peruano (Guardia, 2021). Respecto al segundo grupo de mujeres, un caso notable es el de María Delgado de Odría, esposa del dictador Manuel Odría. Delgado emprendió un activo papel como primera dama en el área de labor social y llegó a ser alcaldesa de Lima. Sin embargo, durante toda su carrera política reivindicó el liderazgo de su marido (Zapata. 2016; Poulsen, 2014). En este segundo grupo de mujeres también tenemos ejemplos contemporáneos. Políticas como Luz Salgado, Martha Chávez y Keiko Fujimori, quienes han basado su carrera política en la reivindicación y legitimación del dictador Alberto Fujimori. Así, el respaldo popular con el que cuentan es producto del apoyo de ciertos sectores de la sociedad a una figura masculina, lo cual les sirve de piso electoral. De este modo, Boluarte, al haber ingresado en función de Pedro Castillo y al no estar intentando construir un liderazgo estratégico puesto que se escuda en las fuerzas del orden, corresponde a este segundo grupo.


Entonces, ¿qué significado tiene la llegada de Dina al poder? Si bien no puede entenderse como una variable independiente que tendrá impacto en la democratización de la política, sobre todo, desde una perspectiva de género, este acontecimiento sí puede entenderse como una variable dependiente. Boluarte es síntoma de un proceso progresivo y complejo que se viene gestando en las últimas décadas: la creciente incorporación de las mujeres en la política peruana. Pero no solo la participación de mujeres pertenecientes a una clase alta, blanca y tradicional, sino la de una clase media emergente y provinciana. Así, Boluarte también es reflejo del ingreso de nuevos grupos sociales femeninos a la cancha electoral.


Perú es un país en el que, por su historia caudillista y autoritaria (Zapata, 2016), la figura presidencial es sumamente importante tanto a nivel político como simbólico. Sin embargo, si se quiere comprender hasta qué punto el proceso de empoderamiento femenino en la política viene teniendo resultados y avances, se debe observar la situación general de los altos cargos de representación política. Así, con la incorporación del sistema de cuotas en 1997 (primero se exigía 25%), la participación femenina en los parlamentos ha llegado a constituir un 35% del parlamento (período 2016-2021). Asimismo, su presencia como autoridades electas en gobiernos regionales llegó a representar un 40% de los cargos en 2010, aunque en 2018 esta cifra bajó a 30% (ONPE, 2018). En 2018, un 41% de mujeres ocuparon el puesto de regidoras provinciales. Entonces, es importante hacer hincapié en que una evaluación más acertada de la democratización de la política respecto a las mujeres está lejos de solo identificar quién ejercer el cargo presidencial.


Un tigre de papel: una presidenta que controla las FF.AA., pero no tiene respaldo en el congreso ni en la opinión pública


La posibilidad de la presidenta Dina Boluarte de mantenerse en el poder se encuentra a merced de dos escenarios: el control del legislativo y el apoyo de la opinión pública. El primero lo tiene garantizado, aunque de manera muy precaria porque no cuenta con legisladores oficialistas. La segunda sellará su destino político porque las protestas de las últimas semanas han mostrado un rechazo contundente a su gobierno. A pesar de ello, cuenta momentáneamente con el respaldo absoluto de las fuerzas armadas y policía.


El apoyo político en el congreso hacia la presidenta es un asunto complejo. Se ha presenciado el paso de una lucha agresiva hacia una aparente convivencia. Desde la asunción del cargo del ex presidente Pedro Castillo el 28 de julio de 2021, la oposición en el congreso ha buscado de manera sistemática su destitución. Ante la posibilidad de lograr los mágicos 87 votos para la vacancia, la ex vicepresidenta Boluarte fue considerada un obstáculo insoslayable para sus fines. Por eso, incluso antes de vacar a Castillo, intentaron quitarse del camino a Dina Boluarte, para forzar una sucesión presidencial donde la mesa directiva del Congreso tome el poder. En palabras del congresista Jorge Montoya:


Primero se debe de inhabilitar a la vicepresidenta y luego proceder con la vacancia. Alterar este proceso sería ponernos intencionalmente la soga al cuello. Nos equivocaríamos totalmente si ponemos de presidenta a Dina Boluarte sabiendo que será peor que Castillo. Seamos honestos y pensemos en el Perú (Infobae, 2022).


El vocero de la bancada Renovación Popular, principal opositor de Castillo, consideró que esta medida era “indispensable e inminente”, declarando de esta manera sus reales intenciones para lograr la vacancia de Castillo.


En su momento, los congresistas se ampararon en un supuesto delito de la vicepresidenta para acusarla constitucionalmente e inhabilitarla de ejercer el cargo. Según el reportaje de Daniel Yovera en Epicentro.tv (2022), Dina, en su momento siendo ministra, habría firmado como representante legal del Club Departamental Apurímac para que este recupere su licencia de funcionamiento frente a la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima. Estos actos, de probarse como verdaderos, implicarían una vulneración del Artículo 126 de la Constitución, que menciona: “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”. Partiendo de este hecho, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso denunció a la ex vicepresidenta por “presuntamente haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política y cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible (artículos 376, 377 y 399, del Código Penal)” (Congreso, 2022). Frente a ello, Dina Boluarte rechazó todos los cargos y denunció un intento de Golpe de Estado. Pero, el caso quedó “entrampado” debido a los cambios dentro de la subcomisión que dilataron la discusión del tema (Zubieta, 2022).


Finalmente, el 5 de diciembre, de manera inesperada, se decidió archivar la denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte; por ende, se mantenía en su cargo de vice presidenta. Dos días después, el ex presidente Pedro Castillo intentó un torpe golpe de Estado que acabó con su destitución del cargo y encarcelación inmediata, ahora formalizado en una prisión preventiva. El mencionado archivamiento cambió las dinámicas del juego político entre la nueva presidenta y el Congreso. La decisión respondió a un mecanismo procedimental para ocultar la justificación política del hecho. En una de las conclusiones del acta se menciona: “no se evidencia que la denunciada, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social haya infringido el artículo 126 de la Constitución Política, por cuanto los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento realizado, no implicaron, en lo absoluto, actos de gestión o de dirección de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac” (Anaya, 2022). Esta sucesión de hechos muestra que hubo una razón política detrás de las decisiones. Lo cual, modificó sustancialmente el poder de la nueva presidenta, quién ahora tenía más certeza de continuar en su cargo. A pesar de ese aparente triunfo inicial, a largo plazo, mantenerse en el cargo será algo costoso. Las posibilidades de apoyo en el congreso son débiles, lo que conlleva a una posible vacancia, o renuncia.


Los principales elementos que amenazan la estabilidad de su gobierno son la figura abierta de la vacancia, un congreso fragmentado, la ausencia del oficialismo y la precariedad del liderazgo de la presidenta. Primero, el congreso tiene en sus manos el destino de la presidenta porque puede interpretar libremente una figura ambigua y general como la vacancia por incapacidad moral. Entonces, cualquier acto cometido por la presidente, que sea interpretado como un hecho grave por el Congreso, es suficiente para justificar una moción de vacancia y conseguir los milagrosos 87 votos. Aunque hasta ahora no hay un claro intento de buscar la vacancia de la presidencia, no se descarta en absoluto que, no importa el tiempo que dure su gobierno, se las buscará vacar, con grandes posibilidades de éxito. Segundo, la alta fragmentación del congreso actual, con más bancadas congresales que partidos políticos, le brinda una mínima seguridad en su cargo. La oposición a su gobierno está dividida en grupos parlamentarios disímiles ideológica y políticamente. Aunque, este grupo diverso y heterogéneo puede lograr unirse para un solo objetivo común: destituir a Dina Boluarte. Tercero, a esto se agrega el hecho de que la presidenta no cuenta con un partido político ni una coalición parlamentaria que lo respalde en el congreso. El partido con el que llegó al poder, Perú Libre, la expulsó de su agrupación en enero del 2022 por disputas internas (Gestión, 2022). Actualmente, este grupo se presenta como el principal opositor de su gobierno, incluso algunos congresistas han pedido su renuncia (La República, 2022). Por tanto, Dina baila sola la danza de la estabilidad en el cargo presidencial. Cuarto, el liderazgo de la presidenta es el único recurso para conciliar con el Congreso. Por el momento, ha mostrado un discurso que plantea el trabajo conjunto y la no confrontación. Sin embargo, tácitamente, ningún partido político del congreso actual tiene representación directa en su gabinete, que solo brilla de tecnicismo. No sabemos hasta cuando durará esta luna de miel, entre la presidenta y el congreso, pero lo seguro es que una vez que se acabe, no habrá compromiso matrimonial que evite una confrontación directa y agresiva entre ambos poderes.


La precaria situación de la presidenta frente al Congreso

Por otro lado, la opinión pública está en contra de la presidenta, no la apoya. Prueba de ello, han sido las masivas protestas ciudadanas en muchas regiones del Perú que pedían directamente su renuncia. Lo más sorprendente es que esto empezó en Apurímac, tierra natal de la presidenta. Incluso, se puede hablar de que Dina presenta una ilegitimidad de origen. Aunque fue elegida como parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo y le toca constitucionalmente sucederlo en el cargo. Políticamente, carece de legitimidad porque las protestas ciudadanas han expresado al unísono la voz campante de "traidora". Esto debido a que, en un inicio, declaró explícitamente: “si se va el presidente, yo renuncio”. Entonces, haber aceptado sucederlo en el cargo y criticarlo como golpista, a vista de un sector de la población, es un incumplimiento a su palabra. Además, debido a la rapidez de los sucesos del día 7 de diciembre, no quedó claro cómo llegó Dina a juramentar como presidenta a las 3pm, mientras Castillo aún era presidente a las 11 am de ese día.


La presidenta ha fracasado rotundamente en su estrategia de comunicación política. Muchos son los errores, y con terribles consecuencias políticas. Primero, el día de asunción del mando, fue un gravísimo error mencionar: “gobernaré hasta el 2026”. Aunque correspondía declararlo legalmente, como lo justificó en la entrevista con Mónica Delta, no era lo correcto. Más bien lo oportuno, lo políticamente estratégico, era abanderarse de la demanda de adelanto de elecciones en un contexto donde la ciudadanía estaba harta de toda la clase política. Sin embargo, sus declaraciones desataron la ira ciudadana que se movilizó intensamente durante 2 semanas y tuvimos el saldo de más de 20 compatriotas fallecidos. Segundo, su silencio e indiferencia mientras el país ardía en llamas, fue un error. La foto sonriente con congresistas de APP, fue eliminada inmediatamente de Agencia Andina, pero mostraba la imagen de la presidenta como alguien ajena a la realidad del país. Tercero, su mensaje a la Nación donde planteó la propuesta de adelanto de elecciones fue un hecho que no contribuyó a solucionar la crisis debido a que no se explicó la razón de la decisión. Al fin y al cabo, no basta solamente con nombrarlo, hace falta explicarlo para que las personas lo entiendan. Todo ello debilitó profundamente su imagen pública. Más aún, la declaratoria del Estado de Emergencia, y la delegación de reestablecer el orden a las fuerzas armadas y PNP solo militarizó el conflicto y provocó mayores muertes. Frente a ello, diversos colectivos democráticos, incluso organizaciones internacionales de DDHH han condenado el uso excesivo y criminal de la fuerza contra la población civil. En el extremo, ha sido tildada de dictadora, nada más fuera de la realidad legalmente, pero en lo político, ha generado una imagen difícil de revertir.


Entonces, ¿cuál es el destino de la presidenta en el poder? A este paso, razonablemente, caerá antes de terminar su mandato porque no tiene apoyo en el congreso ni en la población. En palabras de Mao, es un tigre de papel. Un tigre porque cuenta con el respaldo de las FFAA, pero papel porque ese poder represivo no la mantendrá en su cargo en el largo plazo. Sin embargo, las circunstancias de la política peruana son muy inciertas y todo puede pasar. A este paso, si se logra aprobar el adelanto de elecciones, la presidenta se mantendrá en su cargo hasta que se realicen estas nuevas elecciones. En caso no se aprobará o dilatará más el tiempo, Dina Boluarte será vacada cuando el congreso decida que ya no le conviene que ella esté en el poder.


...


En conclusión, la llegada al poder de Dina Boluarte, desde una perspectiva de género, no es un hito histórico en sí mismo. No puede serlo por varias razones. Boluarte no se encuentra a la cabeza del ejecutivo producto de un liderazgo femenino autónomo. Por el contrario, llegó al poder en una plancha presidencial encabezada por Pedro Castillo y ni siquiera ha tenido una carrera política popular. En ese sentido, Boluarte pertenece al aún vigente patrón histórico en el cual las mujeres no ingresan a la política en tanto seres autónomos, sino en función de su relación amical, sentimental o familiar con una figura masculina. Asimismo, Boluarte no tiene posibilidades de pasar a la historia como una presidenta mujer progresista que impulse reformas democratizadoras. Su postura conservadora en temas de género y su instrumentalización de la lucha feminista y de pueblos indígenas nos indican todo lo contrario. Incluso, si tuviera genuinas intenciones de impulsar este tipo de reformas, todo indica que nuestra primera presidenta mujer sucumbirá a los demonios de la jungla política peruana. Todo es cuestión de tiempo. Los mandatarios en este país siempre caen, el hecho está en que esta caída no represente un quiebre del orden constitucional. Casi sucede coon el autogolpe torpe y estúpido de Castillo, lo cual debe encender las alarmas democráticas. Otra intentona parecida y nuestra democracia no será lo suficientemente fuerte como para sobrevivir.


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